Investigan por lavado al abogado de la estafa azucarera de $740 millones

La Justicia Federal tomó las riendas de uno de los casos de fraude más escandalosos de los últimos tiempos en la provincia. El abogado tucumano Darío Gerardo Ovejero, formalmente denunciado por una estafa con azúcar por más de $740 millones, pasó a ser investigado bajo la lupa del fuero federal por los presuntos delitos de lavado de activos e ilícitos tributarios. A través de una contundente resolución, el Juzgado Federal N°3 ordenó abrir las cuentas y levantar los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil del imputado y de sus firmas asociadas.

El caso penal estalló luego de que nueve personas se presentaran ante los tribunales provinciales para denunciar que, persuadidas por las promesas de Ovejero, habían entregado sumas millonarias —con casos testigo de inversiones por $168 millones, $48 millones y hasta USD 100.000— para supuestas operaciones de compra y venta de azúcar a gran escala que jamás reportaron las ganancias prometidas. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del fiscal Diego López Ávila, titular de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I.

De acuerdo con el expediente, el modus operandi de Ovejero consistía en una captación sistemática de fondos de terceros bajo fachadas comerciales ficticias. Para ganarse la confianza de los damnificados, el abogado se presentaba como un experimentado operador del mercado azucarero y alegaba poseer contactos clave dentro de la industria gracias al empleo de su padre en el área de control de calidad. Bajo esta premisa, aseguraba conseguir el producto a valores muy inferiores a los de plaza y ofrecía rendimientos mensuales fijos de entre el 10% y el 15% de interés tanto en pesos como en dólares, avalados mediante contratos de mutuo y pagarés.

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Para sostener la estructura y evitar sospechas iniciales, el acusado pagaba las primeras cuotas de los intereses utilizando el dinero fresco aportado por los nuevos ingresantes, configurando un clásico esquema Ponzi. Sin embargo, la burbuja no tardó en estallar. Cuando los inversores comenzaron a exigir la devolución de sus capitales, Ovejero entregó como supuesta garantía formularios 08 de camionetas importadas y autos particulares que presentaban severas irregularidades registrales. Asimismo, utilizó las firmas El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS para librar cheques sin fondos, apócrifos o con órdenes de no pago.

Tras seis meses de recolección de pruebas, el fiscal López Ávila se declaró incompetente al advertir delitos de mayor gravedad que excedían la órbita ordinaria, tales como intermediación financiera sin autorización e infracciones al Régimen Penal Cambiario. El planteo fue convalidado por el juez de garantías Guido Cattáneo, transfiriendo las actuaciones a la Fiscalía Federal N°1.

Con el caso radicado en los tribunales de la Nación, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dio luz verde a una batería de medidas cruciales para lograr la trazabilidad absoluta del dinero:

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Con este monumental caudal de información financiera y fiscal en proceso de análisis, el Ministerio Público Fiscal busca determinar con exactitud si las millonarias sumas captadas permanecen en el patrimonio del abogado, si fueron desviadas a través de sus empresas satélites o si existió una estructura organizada de mayor alcance dedicada a blanquear los fondos del fraude azucarero.