El Gobierno eliminó el tope a los aportes empresariales a los gremios y modificó la reforma laboral
A través de un decreto, dejó sin efecto el límite del 2% para las contribuciones extraordinarias de las empresas a los sindicatos. La medida amplía el margen de negociación entre las partes y representa un alivio para la CGT.
El Gobierno nacional introdujo un cambio en la reglamentación de la reforma laboral y eliminó el límite del 2% para las contribuciones extraordinarias que las empresas pueden realizar a los sindicatos, una decisión que amplía el margen de negociación entre gremios y cámaras empresarias.
La modificación quedó establecida mediante el decreto 612/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Con la nueva norma, el monto de los aportes extraordinarios ya no estará sujeto a un porcentaje máximo, sino que podrá ser acordado entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias durante la negociación de los convenios colectivos de trabajo.
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La medida implica un cambio respecto de la reglamentación original de la reforma laboral, que había fijado un tope para esas contribuciones con el objetivo de limitar una de las principales fuentes de financiamiento de los sindicatos.
El decreto también redefine la base de cálculo de esas contribuciones. A partir de ahora, deberán computarse sobre el salario básico convencional de la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual previstas en los convenios colectivos.
En cambio, quedarán excluidos conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro ingreso que no tenga carácter normal, habitual y mensual.
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La norma establece que los recursos obtenidos mediante estos aportes solo podrán destinarse a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por cada organización sindical.
Además, deberán administrarse y documentarse por separado del resto del patrimonio del sindicato, con el objetivo de facilitar los controles previos a la homologación de los convenios colectivos.
Aunque el Gobierno presentó la medida como una adecuación técnica para precisar el alcance de la reglamentación vigente, la decisión tiene también una lectura política.
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La eliminación del tope devuelve a los gremios una mayor capacidad para negociar aportes con el sector empresario, un reclamo que la CGT había planteado durante el tratamiento de la reforma laboral, pero que no había prosperado cuando la normativa fue reglamentada.
Con este cambio, el Ejecutivo flexibiliza uno de los puntos más discutidos de la reforma y reabre el margen de negociación sobre una fuente clave de financiamiento para las organizaciones sindicales.
