Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal
Un ex policía federal fue penado a dos años de prisión. Sólo con una nueva norma se podrá regularizar la situación. Un trabajo en equipo.
Resumen para apurados
Una condena por usurpación activó el proceso de recuperación de tierras fiscales en El Cadillal que lleva adelante la Provincia en esa y otras villas turísticas. Se trató de un caso emblemático entre los muchos que se abrieron el año pasado y que llegó a juicio porque su ocupante habría cometido un delito contra el Estado.
Según la imputación, entre mayo y agosto de 2023, Víctor Hugo Arroyo, ex policía federal, ocupó un terreno fiscal de casi 450 metros cuadrados. Ese mismo año, técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaron la usurpación. Con la colaboración de profesionales de la Dirección General de Catastro, determinaron que esas tierras habían sido concesionadas a una empresa para la construcción de un complejo turístico.
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La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó entonces dos medidas: iniciar los trámites para recuperar el inmueble y promover una denuncia penal contra el ocupante. A fines de abril de 2025, tras una investigación realizada por el fiscal Carlos Saltor y con la Fiscalía de Estado como querellante, se solicitó la restitución del terreno a la Provincia. Arroyo sostuvo que había heredado el predio y que desde hacía años pagaba los tributos correspondientes. Sin embargo, el juez Guillermo Taylor hizo lugar al planteo de los acusadores, avaló la imputación por usurpación y cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera cobrado impuestos sobre un terreno perteneciente al Estado provincial.
El proceso continuó hasta llegar al debate oral, una situación poco habitual si se tiene en cuenta que la mayoría de estos expedientes se resolvieron mediante juicios abreviados. La auxiliar Daniela Briz Tomaz, siguiendo instrucciones del fiscal Fernando Blanno, mantuvo la acusación original. La defensa solicitó la absolución al sostener que Arroyo no había ocupado un terreno ajeno, ya que era de su propiedad. La querella, representada por Santiago Xamena (Fiscalía de Estado), Ariel Llabra (Dirección General de Catastro) y Gerónimo Musso (Ente Tucumán Turismo), adhirió al planteo de la fiscalía.
Finalmente, el juez Guido Buldurini condenó a Arroyo a dos años de prisión condicional. Además, le impuso las costas y demás accesorias legales del proceso. Como regla de conducta, le prohibió acercarse al predio o realizar cualquier acto que pudiera perturbar su posesión.
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"El terreno recuperado no es un lote cualquiera. Se trata de un bien público protegido por leyes históricas de la provincia, destinado exclusivamente a la preservación ambiental y al desarrollo turístico", sostuvo Pedicone. "Con este fallo, la Justicia reafirma que las tierras públicas pertenecen a toda la comunidad y no pueden ser apropiadas por particulares para su beneficio personal", agregó.
El Cadillal fue considerado durante años una verdadera "ensalada dominial" debido a las numerosas irregularidades registradas, especialmente desde la pandemia. "Estamos avanzando en el proceso de regularización de las tierras. Es un sistema lento porque hay muchas cuestiones por controlar y son varios los organismos que intervienen", explicó la funcionaria.
Para intentar ordenar la situación, la Provincia sancionó una ley que permitía a quienes ocupaban inmuebles ubicados en zonas habilitadas adquirir los terrenos fiscales mediante licitación pública y con facilidades de pago. Posteriormente se dictó una ampliación de la norma para que más personas pudieran adherirse.
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Según fuentes oficiales, unos 1.300 ocupantes iniciaron trámites de regularización, pero apenas 120 -menos del 10%- completaron correctamente el proceso. El resto optó por recurrir a empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, que fueron denunciados por presuntos hechos de corrupción. Hasta el momento no se conocen avances significativos en esas investigaciones.
"Hay personas que no solo realizaron el trámite como correspondía, sino que además adecuaron sus propiedades a las exigencias legales. Por ejemplo, redujeron la superficie de sus terrenos para permitir la apertura de calles con el ancho suficiente para el paso de ambulancias o camiones recolectores de residuos", explicó Pedicone. "Los demás casos siguen siendo analizados. Lo único seguro es que deberán regularizar su situación", adelantó.
Pedicone insistió en que la decisión política de proteger las tierras fiscales continúa vigente. "No solo seguimos interviniendo y analizando casos, sino que también recurrimos a la Justicia para recuperar lo que pertenece a todos los tucumanos", afirmó.
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"Se conformó un equipo integrado por profesionales de Turismo, Catastro, Flora y Fauna y Recursos Hídricos que controla permanentemente el patrimonio provincial. Incluso detectamos publicaciones en redes sociales donde se ofrecían terrenos ubicados en áreas fiscales. Esos casos ya fueron denunciados penalmente", agregó.
La funcionaria reconoció que el camino para proteger el patrimonio estatal no siempre es sencillo. "En algunos casos podemos actuar con mayor rapidez mediante la autotutela, que es la obligación del Estado de proteger y recuperar los bienes públicos. En otros, debemos acudir a la Justicia, ya sea en el fuero civil o penal. Esos procesos demandan más tiempo", explicó.
La Provincia ya recuperó terrenos en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier y Yerba Buena. Según los especialistas, se trataba de inmuebles cuya ocupación ponía en riesgo el dominio público.
La Reserva Natural La Angostura, en Tafí del Valle, constituye uno de los ejemplos más representativos. Allí se liberaron sectores ocupados ilegalmente y, en algunos casos, se promovieron acciones penales, como ocurrió con el denominado "Loteo Gaucho Castro", expediente que se encuentra en la etapa final de instrucción.
En las últimas semanas, según confiaron fuentes judiciales, la Fiscalía de Estado también demandó a personas acusadas de comercializar terrenos fiscales a través de redes sociales en El Cadillal y Delfín Gallo.
