Un pedido de examen médico irregular reavivó las sospechas de un plan de fuga de "Chuky" Casanova

Una serie de irregularidades detectadas en torno a la situación procesal de Javier "Chuky" Casanova encendió las alarmas de la Justicia Federal y provincial, que ahora buscan determinar si el señalado como uno de los narcotraficantes más importantes de la provincia intentó orquestar un plan para eludir el avance de una nueva causa en su contra. Por el momento, lo único confirmado es que Casanova continuará detenido en el marco de un expediente que se tramita en Jujuy por el envío de 50 kilos de cocaína.

De la balacera al expediente por drogas

El nombre de Casanova comenzó a aparecer hace casi una década en distintos expedientes judiciales, hasta que finalmente fue detenido en septiembre del año pasado, acusado de haber protagonizado un tiroteo. Durante el allanamiento de su vivienda, la Policía secuestró 34 gramos de cocaína, lo que derivó en su procesamiento tanto por la balacera como por presunta comercialización de estupefacientes.

También te puede interesar: Beltrán: habrían encontrado gravemente herido al policía que era buscado por su familia

El fiscal Mariano Fernández logró demostrar que Casanova no había participado en el tiroteo y decidió sobreseerlo por ese hecho, aunque lo imputó por portación ilegal de arma de fuego a raíz de una pistola secuestrada en el operativo. En paralelo, remitió copias del expediente a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, al sospechar que Casanova podía estar vinculado a la comercialización de drogas y a posibles maniobras de lavado de activos.

Desde esa unidad, el fiscal José Sanjuán avanzó en la investigación y sumó indicios que relacionaban a Casanova con un cargamento de más de 56 kilos de marihuana secuestrado mientras ya estaba detenido, además de denuncias que lo señalaban como proveedor de redes de narcomenudeo. Con esos elementos, en diciembre pasado se declaró incompetente y trasladó la causa a la Justicia Federal.

Una orden de captura que nadie ejecutó

También te puede interesar: El parte médico del policía hallado con un disparo en la cabeza tras estar desaparecido: descartan otras lesiones

Mientras el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanzaba con la investigación en Tucumán, en los tribunales federales de Jujuy se resolvía un paso clave: pedir la detención de Casanova por su presunta vinculación con el envío de 50 kilos de cocaína detectado el 20 de agosto de 2025 por Gendarmería Nacional, cuando un camión fue interceptado con esa carga. En ese procedimiento quedaron detenidos el dueño del vehículo, Aldo Alfredo Ochoa; el conductor, Víctor Tabarcachi; y el acompañante, Julián Haydee. Según la investigación, el cargamento pertenecía a una organización que Casanova lideraba.

El juez federal jujeño Esteban Eduardo Hansen firmó la orden de captura el 1° de abril de este año y la remitió ese mismo día a la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal, que la incorporó a las bases de datos nacionales el 6 de abril. Sin embargo, nadie informó a la Justicia de Jujuy que la persona buscada ya estaba detenida en Tucumán, por lo que la orden de captura permanece vigente hasta hoy.

Un juicio abreviado que generó dudas

También te puede interesar: Cuádruple crimen en México: quién es Diego Sebastián Rosen, el empresario argentino detenido en México

En paralelo, el defensor de Casanova, Fernando Sánchez Domínguez, propuso al fiscal Vehils Ruiz cerrar la causa tucumana mediante un juicio abreviado. El fiscal consideró viable el acuerdo al entender que no había logrado probar la comercialización de estupefacientes ni vincularlo de manera sólida con los 56 kilos de marihuana secuestrados, causa que, de todos modos, no estaba bajo su investigación.

El 27 de julio, las partes acordaron que Casanova se declararía culpable a cambio de una pena de tres años de prisión efectiva, además del decomiso de una camioneta, dos motocicletas, un automóvil y un teléfono celular. Sin embargo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez no elevó el expediente al Tribunal Oral Federal, al considerar necesarias nuevas pruebas y manifestar su desacuerdo con la calificación del delito. Según fuentes judiciales, si Casanova terminara condenado por tenencia simple, sería poco probable que avance una investigación por lavado de activos.

Un pedido de arresto domiciliario sin mencionar la causa jujeña

También te puede interesar: Trasladaron desde Tucumán a Buenos Aires al clan Caro y los alojaron en cárceles de máxima seguridad

Antes de cumplirse un mes del acuerdo, la defensa solicitó la excarcelación de Casanova. Vehils Ruiz se opuso, aunque avaló que se le otorgara arresto domiciliario en una vivienda del barrio Oeste II. En ninguno de esos trámites se mencionó que Casanova tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia Federal de Jujuy, pese a que, según explicó un operador judicial, la existencia de otra causa penal puede considerarse un indicador de riesgo procesal.

Con el pedido avalado por el Ministerio Público Fiscal, el juez tenía escaso margen para rechazarlo, aunque dispuso que el arresto domiciliario solo se hiciera efectivo una vez colocada una tobillera electrónica. Fuentes judiciales indicaron que el magistrado evalúa ahora revocar esa medida por peligrosidad procesal.

Un traslado a un hospital que despertó sospechas

También te puede interesar: Trasladaron desde Tucumán a Buenos Aires al clan Caro y los alojaron en cárceles de máxima seguridad

Las sospechas de un posible intento de fuga se profundizaron a partir de un episodio reciente. Horas después de que Díaz Vélez rechazara un pedido de pronto despacho para el arresto domiciliario, el magistrado dio de baja una salida hacia un hospital que ya estaba programada para Casanova.

El Servicio Penitenciario había solicitado autorización al Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital para trasladarlo al hospital Avellaneda con el fin de realizarle un examen prostático, un pedido que llamó la atención por dos motivos: estaba dirigido a la Justicia provincial pese a que la situación de Casanova depende de la Justicia Federal, y correspondía a un estudio infrecuente para una persona de 30 años. Se pudo establecer que la solicitud invocó la causa iniciada por el fiscal Sanjuán, que en diciembre ya había sido remitida a la Justicia Federal. La jueza Ana María Iácono, sin conocimiento de estos antecedentes, firmó la autorización, y ahora se busca reconstruir cómo llegó el pedido a su despacho.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se trató de una situación irregular, entre otras razones porque ese estudio podía realizarse dentro del penal de Benjamín Paz, y anunciaron que impulsarán una investigación administrativa.

No es la primera irregularidad con su nombre

No es la primera vez que una maniobra del Servicio Penitenciario termina beneficiando a Casanova. En noviembre pasado, por un presunto error administrativo, recuperó la libertad durante 12 horas pese a que debía seguir detenido por la causa del tiroteo. Le colocaron una tobillera electrónica y fue trasladado a su domicilio, hasta que una empleada del área de monitoreo advirtió que había abandonado la vivienda. Casanova terminó entregándose a las autoridades, y días después esa misma trabajadora denunció que desconocidos habían baleado el frente de su casa./LG