Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
La Libertad Avanza impulsa proyectos en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para que los no residentes costeen sus servicios públicos.
Resumen para apurados
El clima político tras la final del Mundial y las crecientes críticas externas hacia la Argentina reactivaron una de las banderas históricas de La Libertad Avanza: la reforma del sistema de servicios públicos para extranjeros. En este escenario, el oficialismo busca capitalizar el malestar social y retomó la ofensiva legislativa para arancelar la atención médica y la educación universitaria de quienes no posean residencia permanente en el país.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, presentó esta semana un proyecto de ley que obliga a los extranjeros sin residencia a pagar por la atención en hospitales públicos y por los estudios de grado en universidades provinciales.
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"El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportar la salud y la educación de extranjeros que nos odian", afirmó Romo, al vincular la medida a las recientes fricciones diplomáticas y culturales.
Esta iniciativa guarda sintonía con la propuesta elevada en marzo por Pilar Ramírez en la Legislatura porteña, que busca establecer contraprestaciones para no residentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos proyectos apuntan a un esquema donde el Estado solo cubra de forma gratuita las urgencias críticas, para luego tramitar el cobro a través de seguros privados, estados extranjeros o el propio patrimonio del paciente.
Si bien la gestión de Javier Milei aún no envió un proyecto de ley al Congreso Nacional, el respaldo desde Balcarce 50 es total. El asesor presidencial Santiago Caputo sigue de cerca la evolución de estas iniciativas y en el entorno gubernamental se especula con que un diputado nacional libertario podría nacionalizar la propuesta próximamente. "Es una discusión que debe dirimirse en cada distrito, pero no descartamos impulsar un cambio en la Ley de Migraciones", confiaron fuentes oficiales.
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Actualmente, el principal freno para un cobro generalizado es el marco legal vigente. Aunque el decreto 366/2025 ya habilitó a las universidades nacionales a cobrar a no residentes, la autonomía universitaria deja la decisión final en manos de los rectores, quienes hasta ahora han optado por mantener la gratuidad.
En el ámbito sanitario ocurre algo similar. Mientras las provincias tienen jurisdicción para arancelar sus centros de salud, los hospitales nacionales dependen de una reforma de la Ley de Migraciones para poder facturar sus servicios a extranjeros.
El proyecto presentado por Romo en la provincia de Buenos Aires establece excepciones claras: no se podrá negar atención en casos de riesgo de vida, y se mantendrá la gratuidad para víctimas de trata o en campañas de salud pública. Los fondos recaudados serían destinados a un Fondo Provincial de Salud.
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No obstante, la medida reabre el debate sobre el impacto real de los extranjeros en las arcas públicas. Según datos del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, solo el 2,5% de los ingresantes a la universidad en 2026 fueron extranjeros sin residencia permanente. En el área de salud, las cifras son aún menores: el ministro bonaerense Nicolás Kreplak señaló que apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones en la provincia corresponden a este grupo poblacional.
