Secuestro de 66 kilos de cocaína: policías investigados usaron una camioneta robada

Los policías que quedaron involucrados en el confuso episodio en el que se secuestraron 66 kilos de cocaína afrontarán un nuevo problema judicial. Ya fueron denunciados por haber utilizado una camioneta que se encontraba secuestrada en una causa por robo.

El domingo, la esteticista Delia Yolanda Tame, acompañada por la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal, se dirigía hacia nuestra provincia en una Renault Duster que transportaba 66 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo. En el trayecto fueron interceptadas por dos camionetas cuyos ocupantes intentaron obligarlas a detenerse. Como no lo hicieron, comenzaron a dispararles para que frenaran la marcha.

Las mujeres terminaron refugiándose en una vivienda de la localidad de El Potrero, a unos 20 kilómetros del límite con Tucumán. Los propietarios del inmueble llamaron a la Policía para alertar sobre lo que estaba ocurriendo. Al llegar, los uniformados confirmaron dos cuestiones: que las mujeres transportaban cocaína y que un grupo de personas había intentado apoderarse de la carga.

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Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentaron en el lugar cuatro policías tucumanos que se movilizaban en una camioneta blanca. Dos permanecieron en el vehículo y los otros explicaron que estaban realizando tareas de patrullaje por la zona y que un automovilista les había advertido sobre una balacera en la ruta. Sin embargo, cuando se descubrió la droga, se retiraron del lugar sin dejar constancia de su intervención.

El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, comenzó a investigar la actuación de los policías tucumanos, cuyas identidades aún no fueron reveladas. Los investigados sostuvieron que se habían presentado en el lugar después de que un automovilista les advirtiera que desconocidos estaban atacando a balazos una Renault Duster. "Ellos dijeron que fueron hasta ese lugar por una cuestión humanitaria", indicó una fuente judicial.

De acuerdo con la versión exculpatoria que habrían esgrimido, el policía salteño que intervino inicialmente en el caso les pidió colaboración y por ello permanecieron en el lugar. Una vez que llegaron los refuerzos, decidieron retirarse.

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Toranzos profundizó la pesquisa. Secuestró las armas de los siete policías que prestaban servicios en el destacamento, el libro de guardia y la Toyota SW4 que utilizaron para trasladarse. A partir de esas medidas comenzaron a surgir varias irregularidades.

Según lo expuso en una audiencia, el representante del Ministerio Público confirmó que no existía ningún registro de los hechos relatados por los uniformados. No quedó asentado el supuesto aviso del automovilista ni tampoco se logró identificar a esa persona. Además, descubrió que la camioneta en la que se movilizaron no era un vehículo oficial, sino una Toyota SW4 que se encontraba secuestrada por haber sido robada en Córdoba.

El fiscal espera ahora los resultados de las pericias balísticas para terminar de definir la situación procesal de los efectivos, que por el momento aparece seriamente comprometida.

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Toranzos maneja dos hipótesis sobre la participación de los policías tucumanos. La primera es que podrían haber sido convocados por Jorge "Xuxa" Troichuque para colaborar en el intento de robo del cargamento. La segunda, según los datos recopilados por LA GACETA, es que habrían mantenido algún tipo de acuerdo con los responsables de la droga para evitar controles y que acudieron al lugar cuando se enteraron de que las transportistas estaban siendo víctimas de un intento de asalto.

Con el correr de las horas surgieron nuevos indicios que complicarían aún más a los efectivos, que ya fueron separados preventivamente de la fuerza. La camioneta había sido secuestrada el 16 de junio en el marco del Operativo Lapacho. Había sido robada en Córdoba y, después de que le colocaran la patente correspondiente a otro vehículo similar, era trasladada hacia Bolivia.

El fiscal Carlos Saltor logró que al conductor, un hombre de origen jujeño, se le dictara la prisión preventiva por el delito de encubrimiento. Esa medida cautelar fue prorrogada ayer. Además, dispuso que la SW4 permaneciera secuestrada hasta tanto se esclareciera completamente su origen.

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El representante del Ministerio Público constató que el vehículo había sido sustraído en la vía pública en Córdoba y que aún figuraba como buscado. Incluso, según confirmaron fuentes judiciales, ya se estaban realizando gestiones para coordinar su devolución al propietario.

Sin embargo, el domingo, sin ningún tipo de autorización judicial conocida, los policías utilizaron la camioneta para trasladarse hasta Salta y, según su versión, asistir a las víctimas de un ataque armado. Por esa razón, Saltor presentó ayer un requerimiento para que se investigue la conducta de los uniformados al considerar que podrían haber cometido un delito.

La causa, tal como establecen las normas procesales, debería quedar en manos de la fiscal Mariana Rivadeneira.

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El propietario de la camioneta aparece hasta ahora como uno de los principales perjudicados por esta situación. Para recuperar el vehículo deberá iniciar nuevos trámites, ya que la SW4 quedó nuevamente secuestrada por disposición del fiscal Toranzos. También tendrá que esperar a que concluyan las pericias ordenadas en el marco de la investigación federal.