Se aprobó un nuevo protocolo para detectar situaciones de trata de personas en aeropuertos

El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes un nuevo protocolo para la detención de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país, que reemplaza desde hoy la norma vigente desde el año 2018 y establece nuevas pautas de actuación obligatorias por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Así quedó plasmado en la Resolución 468/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Allí se dispone la creación del Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, delito que configura una grave violación a los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad humana.

En el dictamen se anunció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria será la autoridad superior responsable de trazar pautas de actuación que les faciliten representarse o descartar una hipótesis de trata de personas y los procedimientos a seguir.

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Las autoridades explican que el delito "se ha transformado en sus dinámicas, modalidades y escalas, conformándose de manera creciente como un delito complejo y organizado, de carácter intra e internacional".

En este sentido, "el ámbito aeroportuario se ha ido consolidando en los últimos años como un espacio neurálgico para la movilidad humana y, asimismo, por la transnacionalización cada vez mayor de los delitos, en un ámbito de intervención clave para la conjuración de los mismos y el rescate de sus víctimas".

Frente a este escenario, es importante la "necesidad de actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación".

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Con todos los lineamientos presentados, la ministra Monteoliva aprobó el Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario e instruyó al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a arbitrar los medios necesarios para la designación de oficiales referentes del delito de trata de personas.

El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA y de carácter reservado, debido a que cuya difusión podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso, así como poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de las personas.

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