Recurso rechazado: Argentina enfrenta una carga de US$391 millones por la expropiación de Aerolíneas
El tribunal de Columbia ratificó la condena contra la administración nacional a favor del fondo Titan Consortium por la estatización de la aerolínea en 2008.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El tribunal confirmó la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar más de US$390,9 millones, según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina.
El reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se inició con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Ese derecho fue transferido posteriormente a fondos litigantes —primero a Burford Capital y luego a Titan Consortium— que continuaron con la reclamación internacional.
En 2017, el CIADI dictó un laudo favorable a los demandantes. Argentina intentó anular ese fallo, pero el propio tribunal rechazó la solicitud en 2019. En 2024, la justicia de Estados Unidos reconoció la sentencia y ordenó al país el pago de US$390,9 millones más intereses.
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Titan Consortium buscó que la Corte estadounidense reconozca la validez del laudo del CIADI, dado que los laudos arbitrales no siempre son ejecutables por sí mismos, pero sí constituyen fundamento para acciones en tribunales ordinarios. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la sentencia de instancia que obliga a la Argentina al pago y rechazó la apelación presentada por el país.
En noviembre de 2024, había indicios de que la Argentina y Titan iban a llegar a un acuerdo para saldar la deuda y cerrar el litigio: ambas partes habían negociado términos, condiciones y el monto adeudado. Sin embargo, el Estado cambió su estrategia judicial y no canceló la sentencia, lo que llevó a Titan a iniciar procedimientos de ejecución mediante el embargo de activos soberanos argentinos.
La ejecución de sentencias contra un Estado presenta complejidades prácticas: resulta difícil identificar bienes o cuentas en jurisdicciones que cumplan con los requisitos legales para su embargo y concreción. Aun así, la decisión de la Corte de Apelaciones fortalece la posición del fondo para solicitar medidas ejecutivas en foros donde se identifiquen activos susceptibles de embargo.
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La confirmación del fallo por parte de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia implica una presión adicional sobre las finanzas y la estrategia jurídica del Estado argentino frente a acreedores que buscan ejecutar laudos arbitrales internacionales. Aunque la traba práctica de localizar activos embargables limita la eficacia inmediata de la ejecución, la sentencia constituye un precedente relevante para futuros reclamos y negociaciones.
El conflicto por la estatización de Aerolíneas Argentinas sigue siendo un caso emblemático de disputas entre Estados y acreedores privados por expropiaciones, en el que intervienen tribunales arbitrales internacionales y jurisdicciones nacionales con potestad para reconocer y ejecutar sus decisiones.
