Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma violenta del Instituto Perón
El juez Sebastián Ramos procesó por violación de domicilio y resistencia a la autoridad al diputado de Unión por la Patria por la usurpación del edificio el año pasado que terminó con policías heridos y roturas en las instalaciones.
La Justicia federal avanzó con fuerza en la causa abierta contra Juan Grabois por la toma del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón. El dirigente kirchnerista y líder del Frente Patria Grande fue procesado y sus bienes, embargados, como consecuencia de los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando un grupo estimado en unas setenta personas encabezadas por Grabois ingresó al edificio ubicado en Austria 2593/2601, en el barrio porteño de Recoleta, y reclamó la continuidad de la institución disuelta por el Gobierno.
Los cargos en la causa
El dirigente se encuentra imputado por usurpación, daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales. La investigación, a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo, quedó en manos del juez Sebastián Ramos, quien también incautó el celular del dirigente y pretende revisarlo.
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El episodio tuvo su punto de partida cuando alrededor de las 14 horas del 7 de junio, Grabois ocupó junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno había decidido cerrar esa semana. El ingreso al inmueble se produjo mediante la rotura de una puerta de blindex que comunicaba dependencias del edificio con el bar temático "Un Café con Perón".
El desalojo y la detención
Tras la ocupación, cerca de las 17, agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, mientras efectivos de la Policía de la Ciudad establecieron un perímetro en la zona. Los uniformados federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Grabois cuando estaba en la vereda.
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El jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, afirmó que durante la ocupación cuatro funcionarios de la fuerza fueron retenidos contra su voluntad por el grupo encabezado por Grabois. Tras prestar declaración indagatoria, el dirigente recuperó su libertad pocas horas después.
Los reveses judiciales acumulados
Desde entonces, Grabois acumuló una serie de derrotas en los tribunales. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del líder del Frente Patria Grande y convalidó todo lo actuado en la causa.
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Además, la Sala I de la Cámara Federal respaldó el accionar policial del día de los hechos, sosteniendo que la actitud del dirigente al momento en que se le solicitó abandonar el edificio fue la razón objetiva que justificó su detención.
El Gobierno, como querellante
El juez federal Sebastián Ramos reconoció al Ministerio de Capital Humano como parte querellante en la causa, con plenas facultades para impulsar el proceso hasta la condena de los responsables. Según el Ministerio, Grabois no actuó como un simple asistente sino que tuvo un rol activo y central en la organización de la toma.
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La postura de Grabois
La defensa del dirigente insistió en que su detención obedeció a una orden política y no judicial. Sus abogados presentaron ante la Cámara Federal un video en el que el jefe de la PFA, Luis Alejandro Rolle, afirma que la detención respondió a directivas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Para la defensa, esto implicaría una violación a la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.
Grabois, por su parte, había calificado la toma como un acto de resistencia cultural y reivindicación histórica frente al cierre de un organismo que consideró disuelto de forma ilegal por el gobierno de Milei.
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