Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Resumen para apurados

Se cumplió un mes de la denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, pero hasta aquí hubo una escasa evolución de la causa, según denunció el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán). El yerbabuenense reclamó que la Justicia avance "con la misma celeridad" con la que actuó en el caso de unas vecinas que, por reclamar el haber sufrido inundaciones, fueron acusadas por amenazas contra la jefa municipal.

El parlamentario provincial brindó una entrevista a LG Play en la que recordó que la denuncia fue presentada junto al ex concejal de Alberdi, Luis Díaz Augier, y al edil de Simoca, Luis Escobar, ante la Fiscalía de Concepción. El eje de la presentación es la compra de una vivienda de grandes dimensiones en el country Las Yungas, de Yerba Buena, por la que habría pagado un monto cercano a U$S1,2 millones, supuestamente en efectivo. "Una cuestión totalmente obscena", dijo. Además, aseguró que recibió información que vincularía a funcionarios municipales con el pago de gastos relacionados con esa propiedad.

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"Juntamos mucha información que nos llegó y presentamos la denuncia en la Fiscalía de Concepción, porque ella es del sur. Nos prometieron que iba a haber avances. Nos dijeron que se ofició al country Las Yungas y la respuesta fue muy vaga del country. Incluso hay un pedido para que se haga un allanamiento si no responden", dijo Courel. Indicó que se requirió informes a la SAT, a EDET y a Naturgy para establecer la titularidad de los servicios vinculados a la propiedad.

"Hasta el momento no hubo muchos avances. La Justicia está avanzando muy lentamente y nos llama mucho la atención, porque cuando esta mujer denunció a los vecinos de Graneros que se habían inundado y se acercaron a reclamarle, la Justicia de Concepción actuó muy rápido y a las 10 mujeres de Graneros las procesaron por amenazas. En cuestión de semanas o días las mujeres estaban procesadas", ahondó el yerbabuenense.

El legislador señaló que, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, existe un pedido para que se dispongan nuevas medidas de prueba, entre ellas un eventual allanamiento. Además, afirmó que continúan acercando información a la fiscalía a medida que reciben nuevos datos, aunque aclaró que no revisten el carácter de querellantes en la causa.

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Durante la entrevista, Courel también hizo mención a versiones que apuntan sobre una presunta compra de la intendenta Graneros de otro inmueble en Tafí del Valle, por unos U$S600.000, aunque reconoció que ese dato aún no pudo ser corroborado. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto es tiene una obscenidad y un grado de impunidad tremenda. No puede ser que estos feudos, como se están manejando en el interior de la provincia, sigan de esta manera: manejando fondos públicos que son de todos los vecinos de Graneros", señaló.

"Esperemos que el fiscal actúe con la misma celeridad con que actuaron para imputar a los vecinos de Graneros que se acercaron a ella a reclamarle por las inundaciones que actué para ver con qué fondos compró semejante mansión en Yerba Buena y determine con qué fondos compró esa propiedad", expresó Courel.

La denuncia contra la intendenta a Graneros fue presentada en los primeros días de junio por Courel, Escobar y Díaz Augier. En el escrito se plasmó que "la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 en el sector 12 del country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a U$S 1.000.000, con dinero en efectivo. Esta adquisición resulta sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta", aseguraron.

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Courel profundizó al señalar que "el Secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría sido quien trasladó parte del dinero en efectivo para el pago de la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia".

Los denunciantes presentaron, además, la liquidación de expensas de junio del barrio cerrado, en la cual se informa que Graneros debería pagar una expensa mensual de $ 570.090 y $ 566.690 por los lotes que fueron unificados.

LA GACETA se comunicó con Graneros, quien se excusó de hacer declaraciones públicas y derivó a este diario con su abogada, Paula Soria. La letrada fue contactada por la tarde, pero indicó que se encontraba en una reunión, que al finalizar devolvería la llamada. Al cierre de esta edición dicha comunicación no se había concretado.

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A los días de conocerse la denuncia, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió no prejuzgar, pero remarcó que "todos somos iguales ante la ley". "Si la intendenta ha sido denunciada tiene que presentarse ante la Justicia; hay que saber respetar los fallos de la Justicia. Cuando los fallos sean favorables y, mucho más, cuando sean desfavorables", advirtió.