Paradoja judicial: el Estado debe pagar US$10 millones a los abogados de Cristina
Vialidad Nacional dejó caer por inacción el reclamo civil para recuperar fondos de la corrupción en la obra pública. Mientras el decomiso penal de US$ 587 millones sigue trabado, 12 defensores exigen cobrar $13.600 millones en honorarios ante la Corte Suprema.
En una de las paradojas jurídicas y económicas más resonantes de los últimos años, el Estado argentino enfrenta la obligación de desembolsar casi 10 millones de dólares (unos $13.614 millones de pesos) para abonar los honorarios de los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás imputados de la causa Vialidad. El insólito escenario se originó luego de que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) abandonara la demanda civil por daños y perjuicios, provocando que la Justicia declare la "caducidad de la instancia" y dé por perdido el pleito para el erario público.
El contraste resulta mayúsculo: mientras la Justicia todavía no logró ejecutar ni un solo peso del decomiso por 587 millones de dólares ordenado en la condena penal por defraudación contra la expresidenta, los contribuyentes deberán afrontar las costas legales de los letrados defensores, tanto de los exfuncionarios condenados como de los absueltos.
La acción civil había sido impulsada en 2018 durante la administración de Mauricio Macri, bajo la conducción de Javier Iguacel en Vialidad, con un reclamo original de resarcimiento fijado en $22.300 millones. Sin embargo, la parálisis procesal atravesó dos administraciones:
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La regulación de honorarios, tasada en unidades de medida arancelaria (UMA) e IVA incluido, fijó cifras exorbitantes para los doce profesionales intervinientes:
Frente a la regulación de aranceles dictada en abril de 2026, los jueces de Cámara Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron el pasado 14 de julio suspender los pagos hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de queja interpuesto por Vialidad en un intento por revertir la caducidad.
Ante este freno, los defensores de la exmandataria acudieron directamente al Máximo Tribunal mediante una presentación por "efectiva privación de justicia", argumentando que la mera queja estatal no tiene efectos suspensivos y exigiendo la liberación inmediata de los fondos millonarios.
