Otra brutalidad en mora
Víctima. Ricardo Paucará fue sometido a brutales tormentos durante dos días en la Comisaría Décima.
El fiscal General, Alejandro Gober, exhortó al titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, a que en no más de 60 días concluya la investigación preparatoria y resuelva sobre la situación procesal de los policías acusados por la salvaje golpiza propinada en julio 2015 a Ricardo Paucará, salvo que "sobrevengan circunstancias procesales objetivas que razonablemente lo impidan".
La solicitud se produjo en la misma resolución en la que Gober rechazó una queja por retardo de justicia interpuesta por la defensa de uno de los acusados, a la sombra de la sentencia de la Corte de Justicia que declaró la prescripción de la causa por la Tragedia de la Alcaidía, que incluyó fuertes cuestionamientos a la actuación de los operadores judiciales que intervinieron y les atribuyó la responsabilidad por no haberla llevado a juicio en plazos razonables.
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A Palacios sólo pueden achacársele cuatro de los 11 años de deriva del expediente Paucará. Como es harto sabido, asumió el cargo de 2022, siete años después de los hechos, con tanta mala suerte que le tocó debutar con la investigación de la muerte del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas y fue sometido al año siguiente a un Jury del que se libró con el hilo en una pata.
Gober se cura en salud y le tira una cuerda a Palacios. El reclamo por retardo de Justicia podría abrir espacio a escaladas más escandalosas y habilitar sospechas de connivencias y blindajes en un caso que, como el de la Alcaidía, tiene como acusados a miembros de las fuerzas de seguridad.
Ricardo Paucará fue detenido el 20 de julio de 2015. Policías encapuchados interceptaron un taxi en el que se trasladaba junto a sus hermanos, lo sacaron del rodado y lo llevaron en el móvil policial a la comisaría Décima, donde fue sometido a tormentos durante dos días. Los médicos le hallaron una fisura en el intestino y decenas de hematomas internos. Fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon diez centímetros de intestino delgado. Recibió el alta médica tras un mes de internación y desde entonces sufre recaídas.
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En la indagatoria, los policías dijeron que lo habían detenido porque les había hecho burla.
El abogado que presentó la queja por retardo de justicia fue Pedro Vélez, defensor de Lucas Exequiel Valdez, uno de los cinco imputados por privación ilegitima de la libertad, lesiones graves y vejaciones. Según Vélez, su defendido era el chofer del móvil y no participó de las golpizas a Paucará.
El letrado aseguró que la causa iba a elevarse a juicio pero "se demostró que el decreto de determinación del hecho, que es el origen de la acusación, tenía tales vicios que impedían a los imputados defenderse".
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"La única complejidad está dada por la propia inoperancia del sistema judicial", consideró Vélez.
El planteo de retardo de justicia reactualizó un caso que, como el de la Alcaidía, había desaparecido de la agenda pública. Ambos expedientes coinciden en que su reactivación obedeció a impulsos de los acusados, no de las víctimas que, si carecen de medios para pagar los servicios profesionales de abogados para operar como querellantes, quedan a expensas de la buena voluntad del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía tiene dos meses para ordenar el caso y procurar la elevación a juicio de la Causa Paucará, que fue elevada a juicio por primera vez en 2018 y quedó trabada en la Justicia de Garantías.
