Nuevo protocolo policial para actuar ante amenazas de violencia en escuelas por redes
La normativa restringe el uso de datos de menores sin orden judicial, aunque habilita excepciones si hay riesgo grave e inminente para su vida o la de otros estudiantes.
El Gobierno introdujo una modificación clave en los protocolos de actuación policial frente a delitos informáticos, redefiniendo el alcance de la protección de datos personales y la intervención de las fuerzas de seguridad en casos que involucren a menores de edad en entornos virtuales.
La Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde al aumento de amenazas de violencia masiva en escuelas difundidas por redes sociales.
Qué establece la nueva normativa
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Según la resolución, el personal policial deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y se prohíbe expresamente tratar datos sensibles o publicaciones de niñas, niños y adolescentes sin la correspondiente orden judicial.
La normativa establece que, cuando exista certeza o presunción de que la tarea de prevención policial en el espacio cibernético involucra a un menor, la actividad deberá suspenderse y dejar constancia en el libro de registro, con aviso inmediato a la autoridad responsable.
Las cinco excepciones a la suspensión
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Sin embargo, la suspensión deja de ser obligatoria en cinco supuestos excepcionales, vinculados a riesgos graves e inminentes para la integridad o vida de menores, o para la seguridad de la comunidad educativa. Estas situaciones incluyen:
En todos los casos exceptuados, el personal actuante deberá dejar constancia detallada de las circunstancias que motivaron la continuidad de la tarea y comunicarlo de inmediato a la autoridad responsable de la investigación. De este modo, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de una intervención eficaz ante delitos graves con el respeto a las garantías y derechos establecidos en la legislación vigente.
Parte de un plan más amplio contra el ciberdelito
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La modificación se enmarca en una serie de transformaciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la prevención y respuesta ante el avance del ciberdelito. Según la ley vigente, la seguridad interior implica "la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional".
La decisión surge en un momento de incremento de casos de amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos, propagadas mediante plataformas digitales y redes sociales. Las autoridades consideran que la normativa anterior resultaba insuficiente para permitir una respuesta operativa eficaz frente a situaciones de urgencia, por lo que resultaba necesario ampliar los supuestos excepcionales.
El Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027), aprobado por la Resolución N° 72/25, reconoce la evolución constante del ciberdelito y la necesidad de revisar el marco normativo, así como incorporar herramientas especiales para la investigación y prevención de delitos complejos en entornos digitales.
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Por otra parte, la Resolución N° 19/25 creó el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC) dentro de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, con el objetivo de incrementar las capacidades de prevención, detección y análisis de incidentes cibernéticos, y mejorar la respuesta ante la investigación de ciberdelitos.
La resolución también destaca la importancia de optimizar los recursos técnicos y los protocolos de actuación para la detección temprana de conductas delictivas en entornos virtuales, subrayando la necesidad de garantizar tanto la eficacia operativa como el pleno respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales.
