Nueva Ley de Tierras: El Gobierno acordó cambios

Obsesionado por conseguir los votos y no volver a tropezar con una ley que ya acumula cuatro postergaciones, el Gobierno accedió a no liberar del todo la venta de tierras a extranjeros, en el marco del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el Senado buscará aprobar este jueves 6 de agosto, tras el cuarto intermedio que la propia Casa Rosada debió pedir el 16 de julio por falta de apoyos.

Los cambios definitivos serán comunicados por la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien durante el fin de semana constató que no estaban los votos y debió negociar de urgencia una modificación de último momento: el Gobierno cedió a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras adquieran tierras productivas.

El porcentaje operará como un techo, ya que también se habilita a las provincias a reglamentar límites por debajo de esa cifra. Según la Ley de Tierras vigente (26.737), el límite actual es del 15%, con un tope adicional de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zona núcleo.

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La redacción definitiva se concertó en áridas conversaciones con la Casa Rosada, más precisamente con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había impulsado una versión sin límites. Es un giro notable respecto de las catorce reescrituras previas, que hasta hace pocos días autorizaban la venta sin tope alguno para privados extranjeros.

Los cambios se explican en el creciente rechazo social que generó la propuesta, cristalizado en la pérdida de apoyos de bloques dialoguistas que podrían dejar al Gobierno sin el corazón del proyecto. La resistencia de senadores radicales díscolos Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa) y de fuerzas provinciales aliadas fue determinante para forzar la marcha atrás oficialista.

A esa resistencia se suma la del interbloque peronista que conduce José Mayans, con 25 votos, y el bloque Convicción Federal de Carolina Moisés, que presentó un dictamen de minoría propio que mantiene los topes vigentes de la ley 26.737 e incorpora la figura de "Zonas de Interés Estratégico" para tierras en fronteras y áreas de riesgo ecológico.

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Los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut también son clave, igual que el apoyo de los radicales y de Pro. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita de la UCR, con 10 escaños, y de Pro, con tres legisladores, además de bloques provinciales de Misiones, Salta y Neuquén.

El rechazo social ya se tradujo, el 16 de julio, en un fuerte lobby de la CGT, la Iglesia Católica y la Coalición Cívica, que pidieron rechazar la flexibilización, con críticas a empresarios tecnológicos interesados en tierras argentinas.

También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha militado de manera activa en contra de la extranjerización de tierras cada vez que tuvo la oportunidad de tomar distancia del gobierno de Javier Milei.

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El proyecto abarca más que la venta de tierras: también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para votar expropiaciones e introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por un siniestro.

La ley vigente, sancionada en 2011, establece que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental, y que ninguna persona podrá tener más del 30% del cupo permitido. El nuevo dictamen elimina los artículos 8 y 10 de esa norma.

Para empresas con participación de Estados extranjeros, el proyecto mantiene un sistema de "doble conforme" con autorización de la provincia y de la Nación, con "silencio administrativo positivo" si no hay respuesta en el plazo fijado. Queda sujeto a cada provincia definir qué organismos darán luz verde a las operaciones.