Militares toman papel activo en las calles de Perú para enfrentar a bandas criminales

En una jornada marcada por la solemnidad institucional y las tensiones políticas, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para el período 2026-2031. Su discurso inaugural, pronunciado en el Congreso el 28 de julio de 2026 —día nacional del país—, combinó anuncios de mano dura en seguridad con medidas económicas dirigidas a los sectores más vulnerables.

La nueva mandataria adelantó uno de los pilares de su programa: recuperar territorios asediados por bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal. Fujimori sostuvo que, "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta lograr "devolver esos territorios a los ciudadanos". La propuesta implica pedir al Parlamento facultades legislativas que permitan entregar a las Fuerzas Armadas el mando de operaciones en las áreas declaradas en emergencia.

La medida reaviva el debate sobre la intervención militar en tareas de seguridad interior y retoma una política de mano dura que la presidenta colocó como eje central de su campaña.

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La investidura significó el retorno formal del fujimorismo al Ejecutivo, casi veintiséis años después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori desde Japón, hecho que puso fin a su gobierno (1990-2000) y que derivó en su condena por delitos de lesa humanidad. Antes del discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo coreando "¡Justicia para las víctimas!" y exhibiendo fotos de fallecidos por la violencia estatal en los años 90 y de personas muertas en la represión tras la caída del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La presidenta, primera mujer electa para ese cargo en la historia del país tras haber perdido en segunda vuelta en tres ocasiones previas, afirmó que recibe un Estado "marcado por el abandono" y "debilitado por la improvisación", con una ineficiencia estatal que, según sus estimaciones, asciende a 40.000 millones de soles anuales.

Además de seguridad, Fujimori anunció un paquete de medidas con impacto social y económico. Entre los principales puntos figuraron:

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Estas propuestas fueron presentadas como medidas destinadas a mejorar la formalidad laboral y a proteger a los sectores más vulnerables, con un guiño a las pequeñas empresas que deberán afrontar el mayor costo laboral.

En tono conciliador, la presidenta hizo referencia a la necesidad de mantener el orden fiscal y respetar la libertad de prensa, y llamó a la reconciliación nacional. No obstante, el discurso evitó pronunciarse sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisión, cuya liberación es reclamada por algunos sectores de la izquierda peruana.

En las afueras del Congreso, familiares de más de 50 fallecidos y heridos en la ola de protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 exigieron justicia y responsabilidades por esas muertes, recordatorio de las heridas políticas aún abiertas en el país.

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La investidura de Keiko Fujimori marca un punto de inflexión en la política peruana: la promesa de mayor protagonismo militar en seguridad y un paquete social de corto plazo constituyen la agenda inicial de su gobierno. Los desafíos son múltiples: hallar el equilibrio entre el control del crimen organizado y el respeto a los derechos humanos, implementar aumentos salariales sin afectar la formalización del empleo y gestionar la respuesta a riesgos climáticos como El Niño.

La efectividad de las medidas anunciadas y la capacidad de construir consensos en un Congreso fragmentado serán determinantes para que estas promesas se traduzcan en cambios concretos en la vida cotidiana de los peruanos.