"Mi hijo no es un delincuente": el rol de la madre de Ovejero en la causa por la estafa millonaria

El caso que estalló en los tribunales tucumanos sumó un nuevo capítulo de alta tensión familiar y judicial. El abogado Diego Ovejero, denunciado por una presunta estafa que habría provocado perjuicios económicos superiores a los $740 millones, no ha sido acusado formalmente de ningún delito, aunque ya fue notificado oficialmente de la investigación abierta en su contra. La primera denuncia penal fue radicada en octubre de 2025 y, a partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal comenzó a acumular presentaciones de diversos damnificados, logrando de forma paralela una medida de inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal del letrado.

A medida que avanzaba la pesquisa, el expediente sumó reveladoras conversaciones que exponen cómo el investigado intentó frenar las denuncias mediante promesas de pago. En esas tratativas privadas cobró protagonismo su madre, Lucía Ferro, quien intervino de manera directa en varios intercambios de mensajería con los damnificados para intentar transmitir tranquilidad y asegurarles que su hijo cumpliría con las deudas, llegando a ofrecer la venta de un inmueble propio. "Sé que mi hijo hizo malos negocios, pero no es un delincuente como ustedes lo pintan", defendió la mujer en uno de los diálogos incorporados formalmente a la causa penal.

El Código Procesal establece mecanismos para que un denunciado acuerde un plan de pago que desactive la acción penal, pero en este caso los caminos institucionales fracasaron. Fuentes judiciales confirmaron que Ovejero firmó dos convenios en sede judicial y los incumplió de forma consecutiva. Posteriormente, el abogado avanzó con negociaciones privadas selladas en escribanías que también quedaron truncas debido a que, según los denunciantes, entregó cheques sin fondos, formularios 08 duplicados de un mismo vehículo, comprobantes falsos de transferencias bancarias y supuestas maniobras fraudulentas con tarjetas de crédito corporativas de sus propios allegados.

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La gravedad del entramado financiero llevó a que el fiscal de instrucción Diego López Ávila se declarara incompetente. El funcionario fundamentó que, debido al volumen económico y la falta de inscripción legal de Ovejero como comerciante, el bien jurídico afectado excede el patrimonio individual de las víctimas para damnificar de forma directa el orden económico y financiero nacional. El planteo de incompetencia fue avalado por el juez de instrucción Guido Cattaneo, ordenando la remisión del legajo a los tribunales federales bajo la sospecha de delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y evasión tributaria.

Esta remisión al fuero federal despierta una fuerte preocupación entre los querellantes, debido al histórico letargo que sufren allí causas complejas de similares características en la provincia, tales como los resonantes expedientes de Intensive Live, Peak Capital, Straton y Sunday, procesos que se tramitan desde hace años con escasos avances y donde están en juego reclamos que superarían los $10.000 millones. Los abogados de las víctimas advierten que si las autoridades federales rechazan hacerse cargo del caso, la contienda de competencia deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un trámite burocrático que podría congelar las medidas procesales durante meses o años.

La trastienda legal del caso sumó además una dura controversia pública entre las partes. Los defensores del imputado, Gonzalo Ascárate y Macario Santamarina, desmintieron la existencia de una estafa y argumentaron que Ovejero captaba fondos para inversiones de compra de azúcar, un mercado que sufrió una fuerte caída de valores. Ascárate lanzó una dura advertencia al celebrar el pase al fuero federal, señalando que los propios inversores tendrán serios problemas para justificar el origen de los fondos entregados. En respuesta, el querellante Ariel Lezcano rechazó la teoría del "mal negocio" y retrucó que los damnificados ya justificaron de dónde salió cada peso, por lo que ahora le toca al investigado explicar ante los jueces dónde terminó la millonaria suma de dinero. /La Gaceta