Los gremios universitarios rechazaron la oferta salarial
También denunciaron el incumplimiento de la ley de financiamiento y anticipan nuevas medidas de fuerza.
Gremios universitarios y autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) expresaron ayer su rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno Nacional y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Advirtieron además sobre el impacto de la crisis presupuestaria en la investigación, la infraestructura y la asistencia a estudiantes.
Durante la jornada de protesta, el rector de la Unju, Mario Bonillo, describió el complejo escenario que atraviesa la institución y advirtió que la falta de actualización de los recursos no solo afecta los salarios de docentes y no docentes, sino también el funcionamiento de áreas estratégicas.
Bonillo señaló que el congelamiento de fondos compromete la infraestructura, el mantenimiento de laboratorios y la continuidad de proyectos de investigación. Entre los ejemplos mencionó el deterioro de equipamiento de alta complejidad, como cromatógrafos utilizados para investigaciones científicas, y las dificultades para renovar becas doctorales vinculadas a áreas estratégicas.
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En ese sentido, destacó el trabajo que la Unju desarrolla junto a investigadores del Conicet en torno a la cadena del litio. "Si usted no se ocupa de la salud y el médico dice, 'pero cómo, mejora la actividad', usted no la hizo. Después de cinco años ya es irreversible la cosa. Y eso es lo que nosotros venimos sosteniendo con énfasis. Queremos que nos entienda la sociedad por qué estamos tan preocupados", sostuvo.
Por otro lado, el rector también puso el foco en el crecimiento de la matrícula universitaria. Recordó que hace unos 15 años la Unju tenía alrededor de 10.000 estudiantes, mientras que actualmente la cifra alcanza los 30.000. Este incremento, sostuvo, demanda mayores inversiones en aulas, laboratorios, equipamiento y cargos docentes, en un contexto donde los recursos destinados a las universidades nacionales no acompañan ese crecimiento.
Cuestionamientos
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Desde el sector gremial, en tanto, cuestionaron especialmente el incremento salarial del 3% ofrecido para septiembre y remarcaron que la cifra está lejos del 32,1% que reclaman para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
La secretaria general de Adiunju, Erica Cari, calificó la propuesta como "un chiste, una burla, un insulto" y ejemplificó su impacto sobre los salarios. "Según la última garantía salarial, un auxiliar de primera con 10 horas está cobrando 375.000 pesos en la Unju. Ese aumento significa 11 pesos", afirmó.
En tanto, Analía Herrera, secretaria general de Utdj, también cuestionó la última reunión paritaria con el Gobierno Nacional y sostuvo que el Ejecutivo no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.
"Estamos presentes ante la fallida paritaria que tuvieron el miércoles ante el Gobierno Nacional donde no solo no cumple con la ley de financiamiento universitario sino también que ofreció un 3% de incremento", manifestó.
Herrera explicó que el aumento acumulado sería del 6%, pero aclaró que un 3% ya estaba pactado en la paritaria anterior. También recordó que el Gobierno se había comprometido a realizar reuniones paritarias cada tres meses.
La dirigente señaló que las organizaciones gremiales se reunirán para definir nuevas medidas de fuerza y confirmó que el 15 de septiembre está prevista una nueva reunión paritaria con el Gobierno Nacional.
El reclamo, sin embargo, excede la cuestión salarial. Herrera mencionó también la falta de actualización de programas de becas y las dificultades vinculadas al financiamiento de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
"Se consiguió algo que es la recomposición del 2025, pero nos adeudan del 2024. También otras cosas como dar el 50% a una beca Manuel Belgrano, pero no es la única que tienen los estudiantes. También existe la Beca Progresar, que todavía no tuvo incremento", explicó.
En plan de lucha
Los gremios universitarios anticiparon que el conflicto podría profundizarse en los próximos días. Las federaciones nacionales realizarán plenarios y reuniones para definir nuevas acciones, mientras crece el malestar entre los trabajadores del sector.
Por último, Herrera afirmó que "vamos a seguir con todas las medidas que hagan falta hasta que este Gobierno cumpla con la ley. Es algo que la Justicia impuso que deben cumplirla porque lleva más de 300 días".
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