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Jueves, 2 de julio de 2026
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La Liga Sanluiseña respondió a las acusaciones por encubrimiento y habló de una «campaña de desprestigio y persecución política»

La entidad emitió un comunicado institucional luego de las denuncias públicas contra su presidenta, Laura Sánchez. Aseguró que no tiene facultades para remover dirigentes de [Más...]

REDACCION3 min de lectura
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La Liga Sanluiseña respondió a las acusaciones por encubrimiento y habló de una «campaña de desprestigio y persecución política»
La Liga Sanluiseña respondió a las acusaciones por encubrimiento y habló de una «campaña de desprestigio y persecución política»

La entidad emitió un comunicado institucional luego de las denuncias públicas contra su presidenta, Laura Sánchez. Aseguró que no tiene facultades para remover dirigentes de clubes afiliados y rechazó las acusaciones de encubrimiento.

La Liga Sanluiseña de Fútbol difundió este martes un comunicado institucional en respuesta a las distintas manifestaciones públicas que surgieron en los últimos días y que apuntan contra la conducción encabezada por su presidenta, Laura Sánchez.

En el texto, firmado por la titular de la Liga y respaldado por la Comisión Directiva, la institución rechazó las acusaciones de encubrimiento y sostuvo que existe una «campaña de desprestigio y persecución política» contra quienes actualmente conducen la entidad.

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En el comunicado, la Liga expresó su «profundo respeto» por todas las personas involucradas y remarcó que desde que tomó conocimiento de la situación vinculada a un dirigente de un club acusado por abuso sexual, su actuación estuvo guiada por dos principios: la contención hacia la familia de la presunta víctima y el respeto por las instituciones y el marco legal vigente.

Además, indicó que recibió a los padres de la presunta víctima, escuchó sus planteos y brindó acompañamiento dentro de las competencias que le corresponden como entidad deportiva.

Sin embargo, aclaró que no posee facultades legales ni estatutarias para disponer la expulsión o remoción de un dirigente de un club afiliado, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a la institución a la que pertenece, conforme a sus estatutos.

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Otro de los ejes del comunicado apunta a las responsabilidades penales.

La Liga sostuvo que la determinación de eventuales delitos corresponde únicamente al Poder Judicial y señaló que ninguna institución deportiva puede anticipar conclusiones sobre hechos que aún deben ser investigados.

«Actuar de otro modo implicaría atribuirnos facultades que no tenemos y desconocer principios básicos de la institucionalidad democrática», señala el documento.

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En esa línea, rechazó categóricamente las versiones que sostienen que la institución impulsó una campaña para proteger a una persona investigada y afirmó que esas acusaciones «no reflejan el accionar institucional» que mantiene la conducción desde el inicio de su gestión.

En el tramo final del comunicado, la Liga Sanluiseña de Fútbol ratificó su disposición permanente para colaborar con todas las autoridades competentes y continuar promoviendo ámbitos deportivos seguros y respetuosos.

Asimismo, hizo un llamado a toda la comunidad deportiva para trabajar en conjunto en la erradicación de la violencia y en la construcción de espacios seguros para niños, niñas y adolescentes.

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El comunicado de la Liga se conoce pocos días después de que el bloque de concejales del Partido Justicialista de la ciudad de San Luis presentara una denuncia penal contra Laura Sánchez, presidenta del Concejo Deliberante y de la Liga Sanluiseña de Fútbol, por presuntas irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos.

Según la presentación realizada por los ediles, desde agosto de 2025 la Municipalidad habría abonado el suministro eléctrico de un inmueble donde funciona «Suela 13», un complejo de canchas de fútbol que atribuyen a Sánchez.

La denuncia también alcanza a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Fabiana Malamud, y al contador general del municipio, Andrés Bustos Lucero. Entre los presuntos delitos mencionados figuran fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.

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La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si corresponde impulsar la causa y avanzar con las medidas solicitadas por los denunciantes.

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Nota basada en una publicación de SanLuis24. Primera Línea recopila, reedita y contextualiza la información.
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