La Corte Suprema de EEUU decidirá sobre el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

La ​Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciará este martes sobre si permite al presidente Donald Trump restringir la ciudadanía por nacimiento en el país —una de las principales prioridades ‌de su política de mano dura ‌contra la inmigración— en un caso que afecta a un derecho que lleva mucho tiempo arraigado en la sociedad estadounidense.

Un tribunal de instancia bloqueó el decreto de Trump que ordenaba a las agencias estadounidenses no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en EEUU si ninguno de sus progenitores es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, lo que también se conoce como titular de una "tarjeta verde".

El martes es el último día de resoluciones del actual período de sesiones ​del Tribunal, que comenzó en ⁠octubre.

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Quienes impugnaron el decreto de Trump argumentaron que esta viola el texto de la 14.ª ‌Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que confiere la ciudadanía a ⁠quienes nacen en Estados Unidos y están "sujetos a su ⁠jurisdicción".

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Trump, que ha puesto a prueba en repetidas ocasiones los límites del poder presidencial en materia de política interior y exterior, emitió el decreto el año pasado, en su primer día de ⁠vuelta al cargo, como parte de un conjunto de medidas destinadas a tomar medidas ​drásticas contra la inmigración regular e irregular. Los críticos han acusado ‌al presidente republicano de discriminación racial y religiosa ‌en su enfoque de la inmigración.

La Corte Suprema se pronuncia sobre lo que significa ⁠ser ciudadano estadounidense justo antes de la festividad del 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora el 250.º aniversario de su fundación.

Antes de la sentencia, algunos expertos habían estimado que la directiva de Trump podría afectar a la situación legal de hasta 250.000 bebés cada año y ​podría obligar a ‌las familias de millones más a demostrar la ciudadanía de sus recién nacidos.

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UNA DEMANDA COLECTIVA

El recurso judicial contra la directiva de Trump examinado por la Corte Suprema —que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3— se enmarcaba en una demanda colectiva presentada en Nuevo Hampshire por padres e hijos cuya ciudadanía se veía ⁠amenazada por la directiva.

La 14.ª Enmienda se ha interpretado desde hace tiempo como una garantía de ciudadanía para los bebés nacidos en Estados Unidos, con excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de miembros de una fuerza de ocupación enemiga.

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La disposición en cuestión, conocida como la "Cláusula de Ciudadanía", establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".

El Gobierno ha afirmado que la frase "sujetas a ‌su jurisdicción" significa que nacer en Estados Unidos no es suficiente para obtener la ciudadanía, y excluye a los bebés de inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal o cuya presencia es legal, pero temporal, como los estudiantes universitarios o quienes tienen visados de trabajo.

La ciudadanía solo se concede a los hijos de aquellas personas cuya "lealtad principal" sea hacia Estados Unidos, incluidos ‌los ciudadanos y los residentes permanentes, ha argumentado el Gobierno. Dicha lealtad se establece a través del "domicilio legal", que los abogados del Gobierno definen como "residencia legal y permanente dentro de una nación, con la intención ‌de permanecer en ella".

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Cuando ⁠la Corte Suprema examinó el caso el 1 de abril, Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio en asistir a las ​alegaciones ante el máximo órgano judicial de Estados Unidos, aunque se marchó a mitad de la sesión, poco después de que comenzara a intervenir el abogado que defendía la postura contraria a la del Gobierno.

Con información de Reuters