La Corte rompió la trampa

Tribunal. Los miembros de la Corte rechazaron apartarse de la causa por el financiamiento universitario.

La sentencia de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la ley de financiamiento universitario desarticuló, con una resolución unánime, la trampa judicial diseñada por la Casa Rosada para neutralizar la norma después de suspender su aplicación por decreto.

El dispositivo enlazó luego un recurso extraordinario ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que, al ser admitido en mayo, dejó en suspenso la cautelar que ordenaba transferir los fondos a las universidades y tuvo su movimiento más audaz cuando el Gobierno sugirió que los tres integrantes de la Corte —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— debían excusarse de intervenir en la causa por ser docentes universitarios y tener, por lo tanto, un interés personal en el resultado.

La Corte cerró todas esas vías de un plumazo. Rechazó el pedido de excusación remitiendo a lo ya resuelto el 4 de junio en un incidente de recusación y declaró inadmisible el recurso extraordinario del Gobierno por no dirigirse contra una sentencia definitiva. Así, dejó firme la cautelar que obliga al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de manera inmediata. Los tres jueces cuyo apartamiento había solicitado el Ejecutivo firmaron la resolución de manera unánime.

El contenido político del fallo excede la disputa universitaria. Durante dos años, el Gobierno de Javier Milei sostuvo una posición que rozaba los límites del desacato: una ley sancionada y ratificada por el Congreso en seis votaciones sucesivas —una acumulación de respaldo legislativo sin precedentes en la historia reciente— fue vetada dos veces, suspendida por decreto y luego bloqueada por la vía judicial. Frente a fallos favorables en primera y segunda instancia, el Ejecutivo apeló cada resolución y desoyó cada orden de transferir fondos. El factor tiempo era, en esa estrategia, la herramienta más punzante del ajuste: mientras el laberinto judicial se extendía, los salarios docentes seguían cayendo, las becas seguían sin actualizarse y las transferencias a las universidades acumulaban una pérdida real del 45,6% desde diciembre de 2023.

La Corte no resolvió la cuestión de fondo, que es si el decreto presidencial puede suspender artículos de una ley del Congreso, pero al dejar firme la cautelar, dejó en claro algo que el Gobierno prefería que permaneciera en la ambigüedad: las leyes no se cumplen a discreción del Poder Ejecutivo.

La sentencia de la Corte Suprema obliga al Gobierno a pagar a las universidades montos superiores a los pactados hace dos semanas. La sentencia de la Corte Suprema obliga al Gobierno a pagar a las universidades montos superiores a los pactados hace dos semanas.

El 10 de junio, el Gobierno acordó con los rectores un aumento salarial del 24,33% en dos cuotas, más una suba del 20% en gastos de funcionamiento, pero los montos son inferiores a los que estableció la ley de financiamiento. El artículo 5 de la norma exige actualizar los salarios desde el 1° de diciembre de 2023 según la inflación acumulada, lo que eleva la recomposición al 37%. El artículo 6 obliga a recomponer las Becas Progresar —ausentes del acuerdo, que solo incluyó las Becas Manuel Belgrano— con un incremento cercano al 95% sobre los montos actuales. La estrategia del Ejecutivo de presentar el acuerdo del 10 de junio como cumplimiento de la ley quedó desmentida por el fallo.

El expediente de fondo sigue abierto. El Gobierno conserva argumentos y el conflicto no está resuelto en su totalidad. Sin embargo, la trampa fue desarmada y el frente universitario vuelve a descongelarse.

La ley que se intentó neutralizar por decreto, por recurso extraordinario y por excusación tiene hoy un respaldo institucional superior: el Congreso que la votó seis veces y consiguió rechazar un veto presidencial, la Justicia que la sostuvo en cada instancia y ahora la Corte Suprema que deja firme una cautelar.

A Milei parece quedarle solo la opción de acatarla, pero ya se preparan nuevas gambetas. En la Casa Rosada aseguran que ya estarían cubiertos $ 830 mil millones de los $1,3 billones que contempla el presupuesto para todo el año de los artículos validados por el máximo tribunal, por lo que no descartan zanjar esa diferencia en una discusión durante el segundo semestre.n