La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Resumen para apurados

La compra de un inmueble para el funcionamiento de la Junta Electoral Provincial (JEP), abrió un nuevo frente de cuestionamientos por parte de la oposición tucumana. Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, Fuerza Republicana, Cambia Tucumán, Creo y la Unión Cívica Radical (UCR) analizaron la operación y plantearon reparos sobre el destino de los recursos públicos, el mecanismo elegido para concretarla y las prioridades de la gestión provincial.

Desde La Libertad Avanza Tucumán cuestionaron la administración del gasto y apuntaron directamente contra el gobernador. "Ya no nos extraña nada. En Tucumán, las prioridades están totalmente alteradas: sigue el despilfarro en gasto político, pero no hay obras para evitar inundaciones, ni inversión en escuelas, ni cloacas para los vecinos. Para la política, siempre hay plata; para resolver los problemas de los tucumanos, nunca. (Osvaldo) Jaldo está en campaña desde que asumió y se olvidó de la gestión", expresaron desde ese espacio.

Una postura diferente planteó el presidente del PRO Tucumán, Benjamín Terraf, quien consideró que la adquisición de inmuebles puede representar una decisión conveniente para las cuentas públicas si se enmarca en una planificación de largo plazo. "Desde el PRO Tucumán sostenemos que la provincia debe avanzar hacia una política de administración eficiente de sus recursos, con una visión estratégica que permita fortalecer y capitalizar progresivamente el patrimonio del Estado", señaló.

El dirigente diferenció el pago de alquileres de la inversión en propiedades que pasan a integrar los activos provinciales. En ese sentido, sostuvo que Tucumán debería identificar los organismos que funcionan en edificios alquilados y evaluar la conveniencia de adquirir inmuebles propios. "No se trata de aumentar el tamaño del Estado, sino de administrar mejor lo que tenemos, reducir gastos estructurales y transformar recursos públicos en patrimonio que permanezca para las próximas generaciones", afirmó. No obstante, remarcó que las operaciones deben responder a criterios de razonabilidad económica y sostenibilidad presupuestaria.

Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, cuestionó el procedimiento utilizado para avanzar con la compra. Si bien reconoció que el funcionamiento permanente de la JEP hace razonable contar con un espacio propio, advirtió: "Ahora bien, esto no habilita la contratación directa". Además, puso en duda que el inmueble elegido sea el único apto para ese destino y consideró que la operación implica una suma importante de dinero en una provincia empobrecida. "El gobernador acude una vez más a gambetear la ley, despilfarrando dinero, y dando la espaldas a los tucumanos", afirmó el legislador.

Manuel Courel, de Cambia Tucumán, también cuestionó la modalidad de adquisición y la oportunidad del gasto. "Primero, se debía hacer un llamado a licitación pública; segundo, ese gasto en este momento me parece completamente inoportuno, porque ya está llegando el verano donde seguramente vamos a sufrir inundaciones como el verano pasado o tal vez peores. Está claro que las grandes obras que necesita Tucumán no se hicieron", expresó.

Courel también vinculó el costo del sistema electoral tucumano con la falta de una reforma que permita reducir los gastos. En esa línea, consideró que los recursos deberían haberse destinado a modernizar el mecanismo de votación. "Ahí es donde se tendría que haber invertido la plata, en un sistema moderno de voto electrónico para ahorrar el millón de dólares", sostuvo.

Por su parte, Sebastián Murga, de Creo, afirmó que la provincia debe atender otras necesidades antes de avanzar con este tipo de inversiones. "Me parece que en los inmuebles y en cualquier situación, sobre todo electoral, donde hay un gasto altísimo, la provincia no está en condiciones de gastar un centavo. Hay antes otras prioridades en la provincia para las cuales se debe destinar esa plata", manifestó.

El presidente de la UCR tucumana, José Francisco "Lucho" Argañaraz, también puso el foco en las obras hídricas y reclamó cambios en el funcionamiento institucional de la Junta. "Gastar esa cifra en dólares cuando no se hacen obras hídricas de envergadura en Tucumán, es faltar el respeto a la gente y alterar el orden de las prioridades", cuestionó. Además, planteó que la provincia cuenta con edificios públicos sin uso que podrían acondicionarse para albergar al organismo y reclamó garantizar su independencia: "Que sea un órgano verdaderamente independiente, no ganamos nada con que tenga un edificio nuevo si va a seguir siendo lo mismo".