La Casa Rosada insiste con quitar las PASO, pero confronta con el Senado

Mientras la Casa Rosada impulsa mediáticamente una agenda centrada en dinamitar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante acuerdos políticos con gobernadores provinciales, la realidad en la Cámara de Senadores transita un carril completamente distinto. En el recinto de la Cámara alta el debate electoral ni siquiera figura en carpeta, priorizando en su lugar la discusión de un trío de leyes sustanciales para el esquema gubernamental. Durante el inminente receso invernal, La Libertad Avanza (LLA) buscará definir la convocatoria a diversas comisiones estratégicas para destrabar iniciativas económicas y sociales de alto impacto, dejando al descubierto una evidente desconexión entre los deseos de Balcarce 50 y los tiempos reales del trabajo parlamentario.

El principal motor económico que el oficialismo pretende acelerar en el Senado es el denominado "Súper RIGI", un régimen de incentivos concebido para atraer inversiones estratégicas superiores a los US$ 1.000 millones en sectores industriales y de tecnologías de frontera. Con la versión base del RIGI ya promulgada, el Poder Ejecutivo confía en articular el respaldo indispensable de la denominada oposición dialoguista para garantizar la aprobación del articulado ampliado. No obstante, las negociaciones no están exentas de riesgos.

En paralelo a la agenda financiera, la comisión de Salud del Senado encabeza las complejas tratativas para dictaminar la reforma a la Ley de Salud Mental. El ambicioso anhelo inicial manifestado por el Ejecutivo nacional de obtener un proyecto sancionado por unanimidad naufragó rápidamente ante la negativa tajante de los bloques opositores desde el ingreso mismo de la norma.

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Por otro lado, la Cámara alta enfrenta una cuenta regresiva con plazo límite al próximo 6 de agosto para definir la viabilidad jurídica de la ley de propiedad privada. Las recientes gestiones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, coordinadas junto al equipo de la bancada oficialista, derivaron en la formulación de un nuevo borrador de texto que sumaría 16 modificaciones posteriores al dictamen original de comisión.

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce modificaciones orientadas a reforzar las garantías constitucionales sobre la misma, y establece cinco ejes rectores que definen el alcance de las modificaciones introducidas.

Por ejemplo, el proyecto establece límites a las expropiaciones de parte del Estado, y que "se eliminen ambigüedades mediante la modificación de la ley 21.499 con el objetivo de impedir al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación".

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En relación a las tierras rurales, el Ejecutivo remarca en la propuesta reformada que "la Constitución Nacional, en sus artículos 20 y 25, señala que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y el Estado fomenta la inmigración que viene a trabajar la tierra y a desarrollar las industrias".

A pesar del optimismo exhibido por el oficialismo respecto a blindar los respaldos necesarios antes de la fecha límite, los analistas parlamentarios advierten que, de no ratificarse las adhesiones en los próximos días, la iniciativa quedará virtualmente descartada por falta de consenso.

En momentos en que el Gobierno busca sentar las bases para una eventual campaña de reelección presidencial de Javier Milei, las desavenencias internas y las improvisaciones estratégicas amenazan con desgastar de manera prematura el capital político oficialista. Con una oposición fragmentada pero atenta a las debilidades del oficialismo, el diseño de estas tres leyes clave determinará no solo el éxito de la agenda reformista del Ejecutivo, sino también la capacidad real del partido de gobierno para consolidar la gobernabilidad y ejercer el poder en el Congreso Nacional.