Javier "Chuky" Casanova pierde el beneficio del arresto domiciliario y regresa a la cárcel

La situación judicial de Javier "Chuky" Casanova dio un giro en pocos días. El presunto narcotraficante, considerado por las autoridades como uno de los principales referentes del narcotráfico en Tucumán, pasó de estar próximo a cumplir prisión preventiva bajo arresto domiciliario a quedar a la espera de un cupo para ser trasladado a una cárcel federal, luego de que un juez de Jujuy lo procesara por el presunto transporte de 50 kilos de cocaína. Esa nueva imputación motivó que la Justicia Federal de Tucumán revocara el beneficio que le había concedido.

El nuevo escenario se produjo tras la resolución adoptada por un magistrado federal jujeño, quien dispuso su procesamiento y ordenó una prisión preventiva de 30 días en el marco de una causa vinculada al secuestro de 50 kilos de cocaína que, según la investigación, estaban destinados a Casanova. Frente a esa decisión, el juez federal tucumano José Manuel Díaz Vélez entendió que la nueva imputación incrementaba el riesgo procesal y dejó sin efecto el arresto domiciliario que había autorizado días antes. La medida contó con el respaldo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

El expediente refleja un complejo recorrido judicial que comenzó el año pasado, cuando el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán impulsó su procesamiento por comercialización de estupefacientes. Sin embargo, al advertir indicios de que Casanova estaría involucrado en operaciones de tráfico de mayor escala, declinó la competencia para que el caso continuara en el fuero federal.

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Ya en la Justicia Federal, Vehils Ruiz promovió su procesamiento por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Díaz Vélez resolvió procesarlo por infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque dictó la falta de mérito respecto del delito de lavado. Esa resolución fue apelada por la defensa y aún permanece pendiente de revisión por parte de la Cámara Federal.

A fines de julio, Casanova alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. En ese entendimiento reconoció que la droga le pertenecía y aceptó recibir una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, una pena poco habitual en este tipo de procesos. Además, se comprometió a donar dos millones de pesos a un hospital público y aceptó el decomiso de bienes valuados en más de 150.000 dólares, entre ellos una camioneta Ford Raptor, dos motocicletas de alta gama y otro vehículo, que pasarían a manos del Estado.

No obstante, el convenio permanece sin resolución porque el juez Díaz Vélez todavía no remitió el expediente al Tribunal Oral Federal, órgano que deberá decidir si homologa o rechaza el acuerdo una vez que la Cámara Federal resuelva la apelación presentada por la defensa.

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Mientras tanto, los abogados del acusado solicitaron que se sustituyera la prisión preventiva por la libertad, argumentando que la etapa investigativa había concluido. Aunque el fiscal se opuso a su excarcelación, consideró viable que continuara detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. El magistrado aceptó esa alternativa, aunque aclaró que el beneficio recién podría hacerse efectivo cuando se instalara la correspondiente tobillera electrónica.

Durante ese período se produjo un episodio que generó nuevas sospechas entre los investigadores. En una decisión considerada inusual, personal del Servicio Penitenciario solicitó autorización para trasladar a Casanova al Hospital Avellaneda con el objetivo de que recibiera tratamiento por un problema prostático. El pedido fue presentado ante la Justicia provincial y no ante la Justicia Federal, que era la competente para autorizar cualquier salida del detenido.

La jueza Ana María Iácono firmó la autorización, aunque el traslado finalmente no se concretó porque Díaz Vélez detectó la irregularidad y dejó sin efecto el procedimiento.

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Para los investigadores, esa situación incrementó las dudas sobre una eventual intención de fuga. Según la causa, Casanova sabía que existía una investigación en Jujuy por el cargamento de 50 kilos de cocaína y que desde el 1 de abril pesaba sobre él un pedido de detención que se había mantenido bajo estricta reserva.

El viernes pasado, durante una audiencia realizada en la provincia de Jujuy, un juez federal ordenó su prisión preventiva por 30 días en esa causa. Esa resolución fue el elemento determinante para que Díaz Vélez revocara el arresto domiciliario, al considerar que la nueva imputación modificaba sustancialmente la situación procesal del acusado.

La situación de Casanova se agravó aún más cuando el juez jujeño ordenó su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Si bien oficialmente no se informaron los fundamentos específicos de esa decisión, trascendió que las sospechas surgidas tras el intento de traslado irregular al hospital y una salida de aproximadamente 12 horas que el imputado habría tenido el año pasado alimentaron la hipótesis de que pudo haber recibido beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario.

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Ante la falta de plazas disponibles en las cárceles federales del NOA, las autoridades analizan ahora la posibilidad de trasladarlo a un establecimiento penitenciario ubicado en la provincia de Buenos Aires, donde permanecería detenido mientras avanzan las distintas causas judiciales que enfrenta.