Inconsistencias institucionales

Desde el 15 de abril una mujer llamada Mariela Agunin permanece privada de su libertad en una cárcel de Bahía Blanca, acusada de comercializar siete gramos de marihuana. El intercambio ocurrió a plena luz del día, en una plaza pública, sin ocultamientos ni maniobras propias de una organización criminal. Ella misma reconoció de inmediato qué contenía la pequeña bolsa que llevaba. No intentó escapar ni destruir pruebas porque, sencillamente, no creía estar participando de una actividad equiparable al narcotráfico.

La investigación posterior encontró mensajes entre ambas mujeres y un pago de 35.000 pesos mediante una billetera virtual. Sobre esa base, la imputación quedó encuadrada como comercialización de estupefacientes agravada por haberse realizado en un espacio público, delito cuya escala penal prevé entre seis y veinte años de prisión. Esa calificación, a su vez, impide su excarcelación mientras espera el juicio.

Mientras las organizaciones narcos continúan expandiendo sus redes, la Justicia dedica meses de investigación a una mujer que se dedica al autocultivo terapéutico de cannabis. Mientras las organizaciones narcos continúan expandiendo sus redes, la Justicia dedica meses de investigación a una mujer que se dedica al autocultivo terapéutico de cannabis.

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La pregunta que surge es si es razonable que el poder punitivo del Estado se despliegue con semejante intensidad frente a un caso de estas características. El allanamiento parece reforzar esa sensación de desproporción. Trece efectivos irrumpieron violentamente en una vivienda precaria, construida por la propia Mariela, mientras ella dormía. La escena podría haber correspondido a la desarticulación de una peligrosa banda criminal. Sin embargo, al finalizar el procedimiento no apareció un solo elemento que permitiera sostener la existencia de una estructura dedicada al comercio de drogas. Había, sí, dos plantas de cannabis destinadas a un consumo terapéutico.

Ese aspecto merece especial atención. Mariela cultivaba marihuana para paliar un cuadro de insomnio y, al momento de los hechos, ya había iniciado los trámites para obtener la autorización del Reprocann. Paradójicamente, mientras permanece detenida, el propio Estado terminó aprobándole ese permiso. Es difícil encontrar una imagen más elocuente de las inconsistencias institucionales: una persona encarcelada por una conducta vinculada al cannabis recibe, desde la misma administración pública que la mantiene tras las rejas, el reconocimiento oficial de que su utilización medicinal resulta legítima.

Mientras las grandes organizaciones criminales continúan expandiendo sus redes, infiltrando instituciones, utilizando sofisticados mecanismos financieros y disputando territorios con enorme capacidad económica y de fuego, el sistema penal dedica meses de investigación, despliega allanamientos espectaculares y mantiene encarcelada a una mujer sin antecedentes por un intercambio de apenas siete gramos de marihuana.

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El caso de Mariela Agunin trasciende su situación personal. Obliga a discutir si la legislación vigente y, sobre todo, su aplicación concreta, distinguen adecuadamente entre el narcotráfico organizado y aquellas conductas vinculadas al autocultivo, al consumo terapéutico o a intercambios de mínima escala que carecen de las características propias del crimen organizado.