Imputarán a dos exdirectores por contratar a la falsa médica

Acusada. Lidia Mabel Ojeda habría ejercido como médica sin título.

La investigación por el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer la medicina sin título habilitante en hospitales públicos del Chaco, dio un giro y comenzó a avanzar sobre quienes dirigían el Hospital "Dr. Emilio F. Rodríguez"de Quitilipi durante el período en que la imputada prestó servicios allí. El fiscal de Investigaciones Marcelo Soto citó a declaración indagatoria a los ex directores Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña, quienes deberán comparecer el próximo 3 de julio, según informaron fuentes judiciales a Infobae. En el caso de Acuña, además, la Justicia declaró nula la declaración testimonial que había prestado anteriormente al considerar que debía ser oído como imputado.

Ambos fueron convocados bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención en caso de no presentarse.

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La investigación busca determinar cuál fue la responsabilidad de las autoridades del hospital en el ingreso y permanencia de Ojeda, quien está acusada de haberse desempeñado como médica sin contar con un título habilitante.

El abogado de todos los damnificados, Daniel Acosta, consideró que la resolución representa un punto de inflexión en el expediente. "Con esta decisión el fiscal amplía la responsabilidad respecto de los directivos", sostuvo el letrado.

Acosta representa a familiares de tres pacientes fallecidos —Lorenzo Blanco, Germán Luque y Mario García—, además de otros denunciantes que aseguran haber sufrido graves secuelas tras ser atendidos por Ojeda. Entre ellos se encuentran Franco Ariel Escobar, quien sufrió la amputación de una pierna y permanece internado en terapia intensiva; José Alberto Fontana y Sabrina Belén López, quienes denunciaron la pérdida de un embarazo de tres meses; y Pedro Ángel Sosa, un paciente en lista de espera por un trasplante de corazón que, según la denuncia, sufrió una grave lesión en una pierna tras la aplicación de un medicamento.

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El abogado aseguró que, de acuerdo con la información incorporada a la causa, Ojeda atendió al menos 1.230 pacientes durante las guardias del Hospital de Quitilipi.

Ojeda permanece detenida en la División Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña donde recibe las visitas de sus hijos y sus nietos, según trascendió. Además de las acusaciones por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, enfrenta otras causas en las que se investigan presuntos homicidios, lesiones gravísimas y un aborto que habría ocurrido mientras se desempeñaba en el sistema de salud pública.

Su abogado defensor, Felipe Fontanetto, aseguró que todavía desconocen cuál será la imputación que el fiscal Marcelo Soto les formulará a los ex directores del hospital. "Intuimos que será una participación en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina o usurpación de títulos", sostuvo.

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Sin embargo, el defensor consideró que, si la fiscalía sostiene que su clienta tuvo responsabilidad en los homicidios y las lesiones que se investigan, la acusación contra quienes dirigían el hospital debería ser más amplia. "Si el fiscal entiende que Lidia es responsable de dos o más homicidios, lesiones gravísimas y el resto de los delitos, lo lógico sería imputarlos como partícipes primarios o necesarios, porque sin la ayuda del director del hospital o sin que el director la pusiera a trabajar allí, esos supuestos delitos no se hubiesen producido", argumentó.

Por otra parte, Fontanetto confirmó que hoy la Cámara revisará la prisión preventiva dictada en la causa principal. Además, adelantó que la defensa prevé que Ojeda declare en las próximas semanas, aunque ese trámite podría demorarse por el inicio de la feria judicial.

Desde principios de mayo, el sistema de salud público en la provincia de Chaco se encuentra bajo la lupa tras revelarse uno de los casos sanitarios más graves de los últimos años. La farsa comenzó a desmoronarse cuando el director de la Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila, recibió alertas sobre el desempeño de una profesional que realizaba guardias activas en los hospitales públicos de las localidades de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Según el funcionario, el personal de enfermería y los colegas que compartían turno fueron los primeros en sospechar: la mujer mostraba una alarmante falta de capacitación técnica básica, incluyendo dificultades para procedimientos fundamentales como la sutura de heridas.

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Para lograr su cometido, Ojeda había utilizado la matrícula de un médico real, un profesional oriundo de la ciudad de Castelli, cuyo nombre y apellido no coincidían con los de la impostora. Esta maniobra le permitió acceder a contrataciones directas en un contexto de escasez de profesionales de guardia en el interior provincial.