Este lunes no hay clases en las escuelas públicas de Tucumán: ¿a qué se debe la medida?

Este lunes 3 de agosto no habrá clases en las escuelas públicas de Tucumán. La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó su adhesión total al paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de una medida que se replica en todo el país.

La huelga, que abarca los niveles inicial, primario y secundario, afectará el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal en distritos clave como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, y se extiende a lo largo de todo el territorio nacional.

"Somos un gremio de base de CTERA"

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"Por supuesto ATEP adhiere al paro de CTERA porque somos un gremio de base y en las decisiones que toman también participamos. Será sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo del presupuesto educativo que lo han acotado", declaró Hugo Brito, secretario general de la agremiación tucumana.

La decisión de ATEP fue adoptada en asamblea y, según confirmó el secretario general del gremio, Hugo Brito, la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que las escuelas públicas tucumanas permanecerán sin actividad.

El dirigente explicó que uno de los principales reclamos es la eliminación de la Paritaria Nacional Docente, ámbito en el que se fijaba un salario mínimo para todo el país y que servía como referencia para las negociaciones provinciales.

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"Quedó sin efecto la paritaria nacional, que era la reunión entre las autoridades educativas y los gremios centrales docentes de todo el país, en la que se discutía el piso salarial nacional por debajo del cual ninguna provincia podía pagar el sueldo a sus docentes", sostuvo Brito.

Además, cuestionó el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), de los fondos para conectividad y del fondo compensador, medidas que atribuyó a la política de ajuste del Gobierno nacional.

Pese a la adhesión al paro, el titular de ATEP reconoció que en Tucumán se mantiene vigente el acuerdo salarial alcanzado con la Provincia, que contempla actualizaciones trimestrales de acuerdo con la inflación acumulada.

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"Si bien nosotros hemos logrado ir acompañando la inflación, un sueldo docente no alcanza, como no alcanza en muchas otras provincias", afirmó.

El Gobierno nacional anunció inspecciones y advirtió con sanciones

De cara al paro, el Ministerio de Capital Humanoanunció que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si los gremios que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802.

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La cartera nacional advirtió que, si detecta incumplimientos, activará los protocolos para aplicar sanciones. La supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según indicó el Gobierno a través de un comunicado.

El Ejecutivo recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial, aunque existe una disputa judicial en torno a esa disposición: una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de forma temporal esa declaración de esencialidad mientras avanza una demanda. Tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo.

Los reclamos del plan de lucha nacional

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Entre los principales reclamos, ATEP y CTERA exigen una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes frente al contexto económico actual.

A esto se suma la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a educación, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y la defensa del sistema previsional público frente a una eventual reforma jubilatoria.

El gremio también rechaza el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la educación pública, y reclama mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y programas socioeducativos.