España va a un paro general por la vivienda a dos semanas de las elecciones

Una huelga de 24 horas

España tendrá una huelga general por la crisis de vivienda el 11 de noviembre. El acuerdo fue anunciado este miércoles 7 de octubre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), que en las últimas dos semanas impulsó acampadas y movilizaciones en distintas ciudades, junto con los dos mayores sindicatos del país: Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

El paro se realizará pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el lunes al disolver las Cortes. Esa decisión llegó después de que una mayoría conservadora del Congreso de los Diputados rechazara dos decretos del Ejecutivo destinados a paliar la crisis habitacional.

Según explicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en TVE, el lanzamiento oficial de la convocatoria estaba previsto para este miércoles, luego de una reunión a las 19:00 (hora local) entre los sindicatos que apoyan la medida y las filiales del Sindicato de Inquilinas de todo el país.

También se sumaron agrupaciones territoriales, como la Confederación Intersindical Gallega (CIG) y los sindicatos vascos ELA y LAB. De confirmarse la fecha, la huelga marcaría el inicio de la campaña electoral, prevista para dos días después.

Un paro con pocos antecedentes

Es el primer paro general apoyado por CC. OO. y UGT en 14 años, desde el 14 de noviembre de 2012, cuando se movilizaron contra la política de austeridad y recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. España registró al menos siete huelgas generales desde la restauración democrática, tras la muerte de Francisco Franco en 1975.

Además, sería la primera huelga de este tipo que gira en torno a un tema ajeno al conflicto entre empleados y empleadores: el acceso a la vivienda. Históricamente, los paros se convocaron para dirimir disputas laborales.

Las 21 medidas del Gobierno

La huelga se mantuvo pese al paquete de 21 medidas que aprobó el martes el Consejo de Ministros. El plan incluye pautas para facilitar el acceso a la vivienda, contener algunas subas de alquileres, extender la vigencia de ciertos contratos de arrendamiento y ampliar el parque inmobiliario.

Con las Cortes disueltas, esos lineamientos deberán ser convalidados por la Diputación Permanente, una representación reducida de las bancadas que actúa cuando el Congreso no está en funciones. En ese órgano, los partidos que hoy integran la oposición tienen menos peso, por lo que los socios del Gobierno podrían reunir la mayoría necesaria para aprobar los decretos. La Diputación Permanente se reunirá el 16 de octubre para debatir y votar los dos textos, según adelantó la agencia EFE.

Empresarios y oposición, en contra

La patronal cuestionó la convocatoria. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, puso en duda su legalidad por considerarla "política" y "difícilmente justificable" en plena campaña electoral.

En la misma línea, el portavoz del Partido Popular (PP), Borja Sémper, la calificó de "huelga política" y cuestionó "la credibilidad de los sindicatos" por "la utilización partidista" de esta herramienta.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció que no adherirá. Su líder, Miguel Borra, explicó que la organización no responde a "indicaciones políticas".

La defensa de los sindicatos y del Gobierno

Álvarez rechazó esas críticas: afirmó que "no es una huelga ilegal", porque "la vivienda y los salarios tienen una relación directa", y sostuvo que los empresarios "deberían estar sumados también a este movimiento".

Sánchez dijo que los motivos del paro "afectan a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias", y agregó que lo único que corresponde es "respetar ese derecho constitucional".

La lectura política en el PSOE

Los convocantes no señalaron que la medida esté dirigida contra ningún partido. Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña socialista, María Jesús Montero, sostuvo que "en este caso, la huelga general se convoca contra la oposición", ya que se produce tras el rechazo opositor al decreto de vivienda.

La portavoz del PSOE, Montse Domínguez, lo interpretó como un choque entre poderes y no como una disputa partidaria: según dijo, las concentraciones "no son contra el Ejecutivo", sino "contra el Legislativo".