España pidió a la UE crear un fondo climático financiado con impuestos al petróleo
A través de una carta al comisario de Clima de la Unión Europea, el Gobierno español propuso emitir bonos comunitarios y gravar los beneficios extraordinarios de las gasíferas y petroleras para afrontar desastres climáticos. Advierten que Europa se calienta el doble de rápido que la media global.
El Gobierno de España formalizó una propuesta ante la Comisión Europea para reconfigurar la arquitectura financiera de la Unión Europea (UE) frente a la escalada de eventos meteorológicos extremos. A través de una carta enviada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, Madrid solicitó la creación inmediata de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, sustentado en nuevos recursos fiscales comunitarios y herramientas de financiamiento colectivo.
El núcleo de la iniciativa radica en la creación de un gravamen europeo para la Resiliencia Climática aplicado a las ganancias del sector del petróleo y el gas, sumado a la emisión conjunta de instrumentos de deuda pública europea específicos, denominados bonos de riesgo climático (climate risk bonds). El objetivo central es evitar que los costos de la reconstrucción tras inundaciones, sequías u olas de calor recaigan exclusivamente sobre las cuentas públicas nacionales o sobre los sectores sociales más desfavorecidos.
En el plano financiero, la propuesta española reclama incorporar criterios obligatorios de resiliencia climática en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE. Asimismo, Aagesen planteó la conformación de un sistema europeo de reaseguro público-privado que otorgue cobertura financiera rápida frente a las pérdidas catastróficas ocasionadas por temporales, asegurando la liquidez indispensable para mitigar los daños materiales.
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El documento remitido a Bruselas demanda la fijación de objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo fundamentados en evidencia científica, priorizando la protección de los sectores productivos e infraestructurales más expuestos: la gestión del agua, la salud pública, los bosques, la agricultura, la pesca, las redes de transporte y el turismo. Bajo el criterio de climate proofing, se exige que toda inversión pública o privada en suelo europeo evalúe de manera sistemática los riesgos ambientales antes de ser ejecutada.
Para fortalecer la capacidad operativa de los Estados miembros, España propuso instaurar un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas y robustecer los mecanismos de rescEU —el sistema de protección civil de la UE— mediante un esquema de despliegue rápido con brigadas y recursos logísticos compartidos.
Aagesen justificó la urgencia de la medida recordando la vulnerabilidad del continente frente al calentamiento planetario: "La emergencia climática está teniendo graves impactos en toda Europa, que se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. En este escenario no caben respuestas reactivas; necesitamos un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos por el bien de las generaciones presentes y futuras", concluyó.


