El Senado retoma el debate por la Ley de Tierras: sesión clave el jueves con marchas anunciadas

El Senado Nacional retoma la actividad tras el receso invernal con un tema central en la agenda: el proyecto que el Poder Ejecutivo bautizó "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", pero que la oposición prefiere llamar "Ley de Tierras" o "Ley de Extranjerización de Tierras". La sesión está prevista, en principio, para el jueves 6 de agosto, después de que en julio la iniciativa no pudiera tratarse por no tener los votos asegurados. Se trata de un proyecto extenso, de siete capítulos, que además de la compra de tierras rurales por extranjeros aborda manejo del fuego, desalojos y expropiaciones, y que ya recibió alrededor de 15 modificaciones desde su presentación.

Qué propone el proyecto del Ejecutivo

La iniciativa, enviada el 27 de marzo por Javier Milei al Senado e impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones. El 20 de mayo obtuvo dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta.

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Entre sus puntos centrales, elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras que fija la Ley 26.737 desde 2011, prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros salvo autorización expresa de la provincia y la Nación, y habilita la adquisición sin restricciones para privados extranjeros, aunque deja en manos de cada provincia la potestad de autorizar, regular o vetar esas ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene, eso sí, la prohibición absoluta de compra en zonas de frontera.

El proyecto también redefine de manera más restrictiva el concepto de "utilidad pública" para las expropiaciones, incorpora el lucro cesante en las indemnizaciones, acelera los procesos de desalojo con una intimación de 10 días hábiles, y elimina la prohibición de 60 años para la venta de tierras afectadas por incendios, aunque el dictamen del Senado mantuvo esa veda para el caso de bosques nativos.

Las objeciones de la oposición

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El rechazo al proyecto reúne a un arco opositor amplio, que va desde el justicialismo y la izquierda hasta la UCR, cuyo Comité Nacional instruyó a sus senadores a votar en contra. Uno de los argumentos más citados proviene del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, que calculó que más de 13 millones de hectáreas del país ya están en manos de propietarios extranjeros, una superficie comparable con la de Inglaterra. El relevamiento identificó 36 departamentos o municipios que ya superan el límite del 15% vigente, con los casos más extremos en Neuquén, La Rioja y Salta, esta última una provincia limítrofe con Tucumán, donde en Molinos y San Carlos más de la mitad de las tierras rurales ya están extranjerizadas.

Los investigadores advierten que buena parte de esas propiedades se ubican en zonas de frontera, territorios cordilleranos con recursos minerales, áreas próximas a cuencas hídricas y regiones de bosques nativos, por lo que la eliminación de los topes podría acelerar la adquisición de territorios estratégicos vinculados a la minería, los hidrocarburos y el agronegocio, actividades con fuerte peso en el NOA.

Voces en Diputados y alertas provinciales

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En la Cámara baja, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) cuestionó los cambios a la Ley 26.737 y advirtió sobre el impacto que tendría la iniciativa sobre la soberanía en zonas estratégicas del país, mientras que legisladores del PJ por Santa Fe, el diputado Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski, calificaron al proyecto como "un atentado contra la soberanía" y alertaron sobre su impacto en la obra pública, ya que el Estado debería pagar también el lucro cesante al momento de expropiar terrenos para rutas o escuelas.

El debate no se agota en el plano nacional: en la Legislatura de Santa Fe ya se presentó un proyecto que pide resguardar la soberanía provincial sobre tierras rurales y recursos hídricos estratégicos ante una eventual flexibilización del régimen, un antecedente que anticipa el tipo de discusión que también podría instalarse en otras provincias con tierras productivas y recursos naturales sensibles, como Tucumán.

Con la sesión fijada para el jueves y movilizaciones convocadas en distintos puntos del país con epicentro en el Congreso, el Gobierno y sus bloques aliados enfrentan el desafío de conseguir la media sanción que no lograron un mes atrás, ahora con el proyecto modificado tras las negociaciones de las últimas semanas.