El plan del Gobierno para recortar Comodoro Py y sacar a la Corte de la Magistratura

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una ambiciosa y profunda reforma de la justicia federal y nacional. El capítulo más sensible del plan apunta directamente al Consejo de la Magistratura: la intención oficial es excluir a la Corte Suprema de Justicia del organismo y reducir la cantidad de representantes de los estamentos de jueces, abogados, académicos y legisladores políticos.

El proyecto, coordinado por el Ministerio de Justicia, contempla un rediseño integral de los tribunales federales que incluye:

Para garantizar la viabilidad parlamentaria en el Congreso, el oficialismo planea una ingeniería financiera que tiente a los gobernadores. El ahorro presupuestario derivado de la eliminación de los cargos vacantes de camaristas sería transferido de forma directa al control de las provincias.

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Sin embargo, las provincias exigen una porción mayor del botín: pretenden los recursos que se liberarán con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una caja sumamente apetecible que representa aproximadamente el 29,6% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación.

De prosperar la iniciativa, el Máximo Tribunal perdería de forma definitiva la injerencia político-administrativa que recuperó tras el fallo del 2021. El presidente de la Corte dejaría de presidir el Consejo y perdería el voto clave sobre la administración de recursos, las sanciones disciplinarias y la selección de las ternas de magistrados.

En lo que respecta a Comodoro Py, el plan oficialista busca aprovechar las cuatro vacantes actuales de los 12 juzgados preexistentes para consolidar el recorte. La estrategia consiste en avanzar únicamente con el concurso para cubrir el Juzgado 12 y prescindir definitivamente de los otros tres despachos vacíos, reordenando el mapa del poder penal donde se tramitan las causas de corrupción pública.

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El ajuste en la Cámara de Casación busca fijar de forma permanente la composición en 9 miembros actuales, congelando los concursos en trámite para no incorporar nuevos integrantes. De esta manera, el Ejecutivo apunta a eliminar las subrogancias cruzadas entre salas y acotar los márgenes de decisión del cuerpo.

El complejo tablero de la reforma federal se completará con la cobertura de los Tribunales Orales Federales (TOF), encargados de llevar adelante los juicios orales, un área crítica del sistema penal que hoy sufre un grave déficit institucional con siete vacantes de titulares distribuidas en sus distintas salas.