El juez Martínez de Giorgi pidió información a EE.UU. por el patrimonio del titular de ARCA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi avanzó en la investigación que tiene bajo la lupa al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, y ordenó el envío de exhortos a Estados Unidos para determinar si es el propietario real de tres inmuebles ubicados en el estado de Florida.

La medida se adoptó a partir de un requerimiento del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien solicitó nuevas pruebas en una causa donde se investiga a Vázquez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de la posible omisión de bienes en su declaración jurada.

La pesquisa apunta a establecer si el funcionario es el titular oculto de departamentos en el estado de Florida, valuados en más de 2 millones de dólares, que no habrían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco.

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Según la PIA, existen indicios de que las propiedades fueron adquiridas a través de sociedades offshore constituidas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, vinculadas al entorno del funcionario.

En ese esquema aparecen las firmas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., luego integradas bajo el control de Galanthus Capital Limited, donde Vázquez figura como beneficiario final, de acuerdo con la reconstrucción del expediente.

Además, el dictamen señala que familiares del funcionario ocupan algunas de las unidades y que estructuras societarias vinculadas al caso figuran registradas con domicilios relacionados al propio investigado.

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El expediente también incorpora elementos que, según la acusación, refuerzan la hipótesis de un posible desfasaje patrimonial.

Entre ellos, se menciona que Vázquez y su exesposa habrían pagado impuestos municipales de los inmuebles en Florida por unos 136.000 dólares entre 2014 y 2018, además de recibir reintegros a su nombre.

Otro punto relevante es la diferencia entre los fondos declarados por el funcionario —unos 40.000 dólares en disponibilidad líquida— y las operaciones inmobiliarias investigadas, que rondarían los 1,1 millones de dólares.

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La Procuraduría propuso ampliar la causa hacia los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, e incorporó el análisis de la firma Consultora San Andrés SA, vinculada al funcionario, que según el dictamen no tendría empleados y habría operado con bienes de alto valor patrimonial.

También se investiga la compra de un inmueble en Puerto Madero, adquirido en 2018 por alrededor de 226.000 dólares, un valor que la acusación considera por debajo del precio de mercado de propiedades similares.

Para avanzar en la causa, el juez Martínez de Giorgi libró exhortos a entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas Bank of America, PNC y Wells Fargo, con el objetivo de obtener movimientos bancarios, posibles cuentas vinculadas y registros de las sociedades investigadas.

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Asimismo, se reiteraron pedidos de información migratoria del funcionario y su entorno familiar.

En paralelo, se solicitaron informes a organismos locales como la ARCA, el Banco Central (BCRA) y el Colegio de Escribanos, en busca de documentación que permita reconstruir el circuito patrimonial bajo análisis.

La investigación continúa abierta y ahora depende de la respuesta de las autoridades estadounidenses, un trámite que, según fuentes judiciales, podría demorar desde algunos meses hasta varios años.