El Gobierno quiere que las concesiones de rutas no paguen impuestos: qué cambia con el nuevo proyecto

El Gobierno de Javier Milei prepara un proyecto de ley para establecer que las empresas que obtengan concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción. La iniciativa fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte del nuevo esquema de privatización y concesión de caminos bajo jurisdicción nacional.

El plan contempla inicialmente unos 6.000 kilómetros de rutas, que serán licitados durante los próximos meses. El programa podría alcanzar posteriormente los 12.000 kilómetros, en una estrategia oficial que busca trasladar al sector privado una mayor participación en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la infraestructura vial.

Durante el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo explicó el objetivo de la medida: "Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal".

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Según el ministro, el propósito es generar mayores incentivos para atraer inversiones y acelerar el desarrollo de las obras viales.

"Más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido", sostuvo Caputo al explicar el criterio que impulsa la propuesta.

El beneficio que pretende establecer Nación no se limita a los impuestos nacionales. Para que las empresas concesionarias queden exentas también de tributos provinciales y municipales, será necesario contar con el respaldo de gobernadores e intendentes.

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Caputo se mostró confiado en conseguir ese acompañamiento: "Ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental".

El tema adquiere especial relevancia porque los gobiernos provinciales y municipales vienen reclamando de manera recurrente por el deterioro y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales. En algunos casos, incluso, determinadas trazas fueron transferidas a jurisdicciones provinciales ante la falta de obras y conservación por parte del Estado nacional.

La nueva estrategia para impulsar la participación privada en las rutas se desarrolla, además, en un escenario marcado por una fuerte reducción de los recursos públicos destinados a infraestructura vial.

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Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) alcanzó su nivel más bajo en tres décadas y que, junto con el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

En particular, las partidas destinadas al mantenimiento de rutas nacionales cayeron un 60% en términos reales, al pasar de $826.000 millones en 2023 a $333.000 millones en 2025. Para 2026, el cálculo citado por ACIJ proyecta otros $248.000 millones.

La construcción vial también sufrió una fuerte reducción: las partidas pasaron de $1,054 billones en 2023 a $265.000 millones en 2025.

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El recorte, según el análisis, alcanzó también a las jurisdicciones subnacionales. En Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025.

La propuesta del Gobierno busca así modificar el esquema de financiamiento y explotación de las rutas nacionales: menos participación directa del Estado y mayores incentivos fiscales para que empresas privadas inviertan en infraestructura vial.

El proyecto deberá ahora ser enviado al Congreso, donde se definirá el alcance concreto del régimen y, especialmente, cómo se instrumentará la exención de los tributos que corresponden a provincias y municipios.