El Gobierno prepara cambios en Discapacidad y Universidades para incluirlos en el Presupuesto 2027
La Casa Rosada analiza incorporar modificaciones a ambas leyes dentro del proyecto presupuestario que enviará al Congreso en septiembre. El objetivo es reducir el impacto fiscal y llegar al debate con un amplio respaldo político.
El Gobierno nacional analiza incorporar cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.
La iniciativa forma parte de la estrategia de la Casa Rosada para limitar el impacto fiscal de ambas normas y evitar una nueva derrota legislativa como la ocurrida durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
Si bien la decisión todavía no está definida, desde el Ejecutivo reconocen que la posibilidad continúa sobre la mesa, aunque su concreción dependerá de alcanzar previamente acuerdos con gobernadores y bloques legislativos aliados.
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"En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo", reconocieron fuentes oficiales al referirse al intento fallido de modificar ambas leyes.
En Balcarce 50 consideran que uno de los principales errores del año pasado fue avanzar sin un trabajo político previo con los mandatarios provinciales.
Por ese motivo, el oficialismo busca llegar al debate presupuestario con una mayoría legislativa más sólida, apoyada en acuerdos con gobernadores que también incluyan la reforma electoral y otras iniciativas económicas.
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La intención es que las modificaciones sobre discapacidad y universidades formen parte del debate integral del Presupuesto y no de proyectos independientes que impliquen nuevos gastos para el Estado.
Uno de los principales frentes abiertos continúa siendo el universitario.
La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente en lo referido a la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
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No obstante, en el Ejecutivo remarcan que el fallo no resolvió el fondo de la cuestión.
"No es el costo total de la ley, es un costo parcial", sostienen desde Nación.
El Gobierno ya había ofrecido una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y mejoras en las becas Manuel Belgrano, aunque las universidades mantuvieron sus reclamos judiciales.
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En paralelo, el Ejecutivo también pretende avanzar con modificaciones en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La propuesta contempla auditorías, reempadronamientos, revisión de incompatibilidades para acceder a pensiones no contributivas y nuevos controles sobre el financiamiento del sistema.
Según explican desde el oficialismo, el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y reducir el costo fiscal de esas prestaciones.
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La Casa Rosada considera que el Presupuesto 2027 será el instrumento central para ordenar la política fiscal de los próximos meses.
El informe preliminar elaborado por el Ejecutivo ratifica el compromiso de mantener el superávit fiscal, consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar con la desaceleración de la inflación.
Hasta mayo de 2026, el Gobierno informó un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones, mientras que las transferencias a universidades nacionales alcanzaron $1,95 billones.
En el oficialismo sostienen que cualquier incremento del gasto deberá contar con financiamiento específico.
El planteo del Gobierno es que las leyes con impacto fiscal deben discutirse dentro del Presupuesto, para evitar que obliguen al Estado a realizar recortes en otras partidas o alterar las metas de equilibrio de las cuentas públicas.
Con ese objetivo, el Ejecutivo buscará llegar al debate parlamentario de septiembre con acuerdos políticos consolidados que le permitan avanzar con sus principales reformas económicas y fiscales sin repetir los tropiezos legislativos del año pasado.
