El Gobierno modificó el proyecto de ley de tierras para sumar apoyos y evitar una nueva derrota en el Senado
La iniciativa incorpora un límite del 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, tras las críticas de la oposición dialoguista y el rechazo social. El oficialismo busca reunir entre 38 y 40 votos para aprobar el proyecto.

Resumen para apurados
En un intento por evitar una nueva derrota legislativa, el Gobierno presentó un nuevo dictamen del proyecto de ley de tierras con cambios de último momento para conseguir los votos necesarios en el Senado.
La principal modificación establece un límite del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para la adquisición de tierras productivas por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
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El texto original no contemplaba ningún tipo de restricción para la compra de tierras rurales. Sin embargo, tras las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, el oficialismo resolvió elevar el tope vigente del 15% al 25% de la superficie de cada distrito.
La senadora nacional Patricia Bullrich anunció las modificaciones durante una conferencia de prensa, en la que detalló los cambios que se incorporarán al capítulo que elimina las restricciones actuales para la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos o empresas con capitales extranjeros.
La presentación fue acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).
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Con las modificaciones introducidas, el Gobierno estima que podría reunir entre 38 y 40 votos para aprobar la iniciativa. En las últimas semanas, el creciente rechazo social a la extranjerización de tierras provocó una pérdida de respaldo entre los bloques dialoguistas y obligó al oficialismo a revisar el proyecto.
Entre quienes manifestaron reparos figuran los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes recibieron la presión de distintos actores sociales de su provincia.
A ese escenario se sumó la resistencia de algunos legisladores radicales, que cuestionaban una iniciativa por considerar que podría vulnerar la integridad territorial y la soberanía del país. Además, versiones señalaron que la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (PRO) también mantenían objeciones sobre el proyecto.
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La vicepresidenta Victoria Villarruel también manifestó públicamente su repudio al proyecto, en una nueva muestra de diferencias con el presidente Javier Milei respecto de una de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Mientras tanto, para este jueves está prevista una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso. Será la tercera vez que el oficialismo intente tratar el proyecto, luego de que el debate fuera postergado en reiteradas oportunidades por la falta de apoyos suficientes.
Además de las modificaciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros, el proyecto incorpora otras reformas. Entre ellas, busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones; modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para concretar expropiaciones de bienes privados; e introduce cambios en distintos artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.

