El Gobierno espera definiciones de la Justicia de EE.UU. sobre la AFA antes de decidir su estrategia

El Gobierno nacional mantiene bajo análisis la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y decidió adoptar una postura cautelosa mientras espera nuevas definiciones judiciales que permitan determinar los próximos pasos.

Dentro del oficialismo existen versiones cruzadas sobre el alcance de las medidas tomadas en territorio estadounidense y sobre el impacto que podría tener el expediente en la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia.

Mientras algunos sectores del Ejecutivo afirmaron que semanas atrás habían sido informados sobre movimientos vinculados al titular de la AFA y que luego recibieron confirmación de un operativo en el aeropuerto de Nueva York, otros funcionarios negaron esa versión y aseguraron que no hubo secuestro de dispositivos ni citación contra Tapia.

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La propia AFA salió a responder públicamente y negó las versiones. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el documento judicial del Distrito Sur de Florida "no constituye una citación" dirigida al presidente ni al tesorero Pablo Toviggino, y afirmó que tampoco existieron incautaciones de teléfonos u otros dispositivos electrónicos.

Ante esa situación, en la Casa Rosada optaron por mantener silencio público y evitar una postura oficial sobre el supuesto procedimiento del FBI. La estrategia, por ahora, es dejar que avance la investigación judicial estadounidense y esperar mayores precisiones.

El expediente analiza movimientos financieros relacionados con la operatoria internacional de la AFA y la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni. La investigación apunta a contratos comerciales, acuerdos de patrocinio, derechos televisivos, amistosos y fondos canalizados a través de bancos estadounidenses.

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Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Toviggino u otros dirigentes mencionados. El dato judicial confirmado es la citación a un tercero ante un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida para aportar documentación vinculada con TourProdEnter y personas relacionadas con la AFA.

En paralelo, el Gobierno mantiene vigente una denuncia impulsada por ARCA contra la entidad por presunta evasión tributaria, facturación apócrifa y supuestas maniobras para ocultar destinatarios finales de fondos. Sin embargo, dentro de la administración nacional aseguran que no está previsto ampliar esa presentación en el corto plazo.

El escenario también impacta en el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Aunque algunos sectores del oficialismo habían planteado avanzar con una reforma del modelo de gestión del fútbol argentino, en la Casa Rosada consideran que no es prioridad abrir un nuevo conflicto antes de las elecciones de 2027.

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Dentro del Gobierno conviven dos posiciones: algunos creen que la investigación puede debilitar a la conducción de Tapia y abrir espacio para impulsar cambios en la AFA; otros consideran que una disputa directa con la entidad podría generar un costo político innecesario, especialmente luego del Mundial.

Por ese motivo, la estrategia actual apunta a seguir de cerca la evolución judicial, mantener abiertas las investigaciones locales y evitar una escalada institucional con la AFA. En el Ejecutivo entienden que cualquier enfrentamiento con la conducción del fútbol podría tener impacto sobre la relación con la Selección y con los hinchas.