El Gobierno busca frenar el fallo millonario contra Aerolíneas y analiza acudir a la Corte Suprema de EE. UU.

El Gobierno nacional comenzó a definir su estrategia jurídica luego de que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmara la condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. El fallo ratificó que el Estado deberá afrontar un pago superior a los US$ 390 millones, aunque la administración de Javier Milei busca agotar las instancias legales para evitar la ejecución de la sentencia.

La defensa del Estado quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que analiza distintos caminos judiciales antes de definir la estrategia definitiva. Entre las alternativas que se estudian figura solicitar una revisión del fallo ante la propia Cámara de Apelaciones, pedir que el caso sea analizado por un pleno de ese tribunal o presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. También se evalúa solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelven esos planteos.

El litigio tiene su origen en la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó al país a pagar una indemnización a las empresas españolas del grupo Marsans, que controlaban la compañía. Ese laudo quedó firme en 2019 y posteriormente fue adquirido por Titan Consortium, fondo que impulsó su reconocimiento y ejecución ante la Justicia estadounidense.

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En 2024, la Justicia de Estados Unidos reconoció la validez del laudo y fijó la deuda en US$ 390,9 millones, monto calculado al 10 de diciembre de ese año, al que deben sumarse los intereses generados con posterioridad. La Argentina apeló esa decisión al sostener que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años, pero la Cámara de Apelaciones rechazó ese planteo y confirmó el criterio de 12 años, dejando firme la condena en esa instancia.

Desde el Gobierno señalaron que todavía no existe una decisión definitiva sobre el camino a seguir. Fuentes oficiales indicaron que las opciones son continuar con los recursos extraordinarios disponibles o evaluar una eventual forma de cumplimiento del fallo. En paralelo, el Ejecutivo remarcó que el juicio forma parte de una serie de litigios internacionales heredados por el Estado argentino y recordó como antecedente favorable el reciente caso de YPF, en el que obtuvo respaldo de la administración estadounidense para continuar la disputa judicial.

Mientras tanto, el caso continúa abierto y la prioridad de la Casa Rosada es evitar que Titan Consortium avance con medidas de ejecución o embargos sobre activos argentinos en Estados Unidos. La definición de la estrategia legal quedará en manos de la Procuración del Tesoro, que deberá resolver en los próximos días cuál será el siguiente paso en uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente el país.