El Gobierno anunció inspecciones en escuelas y advirtió con sanciones a los gremios si no garantizan el 75% de las clases

El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto quedará bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, que anunció una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si las entidades gremiales que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802.

Ante la medida de fuerza convocada para ese día, el Gobierno argentino informó que controlará en escuelas de todo el país si los gremios respetan ese piso de prestación y advirtió que, si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones, según el comunicado oficial del ministerio.

Cómo se realizará la supervisión

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La cartera indicó que la supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado oficial que difundió este sábado a través de X, señaló: "En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan".

La medida se realizará a partir del paro nacional docente convocado por CTERA en medio del conflicto con el Gobierno por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales. El sueldo mínimo docente quedó en 500 mil pesos durante el último año.

Qué reclaman los gremios docentes

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CTERA reclama la convocatoria a la paritaria, aumentos salariales y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También pide una nueva ley de financiamiento educativo y objeta una posible reforma jubilatoria y un proyecto de "Ley de Libertad Educativa".

Entre los reclamos también figura la inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, se prevé que durante agosto haya otras medidas para dar visibilidad al reclamo.

Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, anunciaron un plan de lucha sin huelgas. Entre las medidas figuran trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización cuyo destino se definirá entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. Esos gremios convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14:00 en Azopardo 802, la misma jornada del paro convocado por CTERA.

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Tucumán: ATEP ya confirmó su adhesión

En Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) ya confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA, en el marco del mismo reclamo por la paritaria nacional, la recomposición salarial y la restitución del FONID. La medida de fuerza tendrá impacto directo en los establecimientos públicos de la provincia.

La ley invocada por el Gobierno y la discusión judicial

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En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

A la vez, existe una disputa judicial en torno a esa disposición: una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda. Tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.

El argumento oficial sobre el derecho a la educación

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En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la administración de las escuelas corresponde en primer término a las jurisdicciones, pero remarcó el papel del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación. "La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, a la vez, el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución", señaló.

La cartera enmarcó la decisión en la necesidad de resguardar la continuidad educativa y de sostener previsibilidad para las familias argentinas. También exhortó a los actores del sistema a cumplir la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación.