El Concejo de Yerba Buena aprobó el narcotest obligatorio para funcionarios

En una jornada marcada por la alta tensión política y el debate parlamentario, el Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó la ordenanza que implementa el narcotest obligatorio para funcionarios públicos. La sesión de este jueves se resolvió mediante un escenario de paridad absoluta: la votación terminó empatada 5 a 5 y debió ser definida por el voto de desempate del presidente del cuerpo, quien inclinó la balanza para convertir en ley la iniciativa.

El proyecto sancionado unifica una propuesta original presentada por el concejal Mauricio Argiro en junio del año pasado con un texto impulsado por su par, Gabriela Garolera. La flamante norma establece la obligatoriedad de someterse a controles periódicos de detección de sustancias prohibidas a todos los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal (incluido el intendente y sus secretarios) y a la totalidad de los concejales de la "Ciudad Jardín".

Durante la primera mañana de este jueves, de manera previa al inicio de la sesión, el concejal Mauricio Argiro dialogó con Los Primeros, donde adelantó los detalles del debate y defendió la necesidad institucional de avanzar con este tipo de regulaciones sobre la planta política local.

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"Nosotros queremos ser el ejemplo. Esto no es una persecución contra nadie, sino una respuesta a lo que nos pide la sociedad. Queremos empezar a mostrar que esto tiene que tener consecuencias en la función pública. Simplemente, alguien que no esté en sus cabales no puede tomar decisiones que involucran y afectan la vida de todos los ciudadanos", había anticipado el edil en la pantalla de Los Primeros.

Argiro enfatizó tempranamente la importancia de no mirar hacia el costado respecto a los consumos problemáticos dentro de las esferas del poder. "Tenemos que dejar de banalizar la cuestión de la droga y las adicciones en la política. La droga mata, pero además condiciona familias enteras y termina condicionando de forma peligrosa a las instituciones del Estado", advirtió con firmeza.

La nueva legislación de Yerba Buena busca blindar la transparencia y la idoneidad técnica y psíquica de los gobernantes mediante la aplicación de testeos aleatorios y sorpresivos. Lejos de buscar un enfoque punitivista o de estigmatización hacia las personas que atraviesan cuadros de adicción, la normativa contempla una mirada elástica pero estricta:

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"Una norma, para que se perfeccione y sirva, tiene que tener una consecuencia real y directa. Si no, se convierte en una simple recomendación que nadie cumple", concluyó Argiro, celebrando el histórico precedente que sienta Yerba Buena para el resto de los municipios de la provincia de Tucumán.