Diputados comienza el debate por una nueva ley de biocombustibles: qué importancia tiene para Tucumán

Resumen para apurados

La industria azucarera tucumana tendrá esta semana una nueva oportunidad para ampliar su participación en el mercado de combustibles. La Cámara de Diputados comenzará este martes, desde las 15.30, a debatir una nueva Ley de Biocombustibles, que propone elevar el porcentaje obligatorio de bioetanol en las naftas. La discusión, de especial interés para las provincias productoras de caña de azúcar, también pondrá a prueba los acuerdos políticos que el Gobierno nacional construye con los gobernadores.

La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, realizará una reunión informativa en la que expondrán especialistas invitados, sin que esté prevista la emisión de un dictamen. La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, establece un régimen de 15 años y modifica las proporciones de biocombustibles que deben incorporarse a las naftas y al gasoil.

Para Tucumán, el principal cambio sería el incremento del corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%. La medida ampliaría la demanda de un combustible producido a partir de la caña de azúcar. En paralelo, el biodiésel incorporado al gasoil pasaría del 7,5% al 10%. Ambos aumentos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la ley.

El proyecto reúne intereses de distintas economías regionales. Córdoba y Santa Fe, vinculadas a la producción de maíz y soja, aparecen entre sus principales impulsoras. Tucumán y Jujuy, en cambio, siguen especialmente las modificaciones relacionadas con el bioetanol de caña.

La iniciativa obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en el Senado. Entre quienes la acompañaron estuvo Juan Manzur, único integrante de la bancada justicialista que votó a favor.

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. El esquema reservaría inicialmente un 6,5% del corte para productores independientes y habilitaría el 3,5% restante a la competencia. La participación protegida disminuiría progresivamente hasta el 4% en 2031, una modificación que genera resistencias entre las pequeñas y medianas empresas.

El avance del proyecto coincide con nuevas negociaciones entre la Casa Rosada y los bloques provinciales. La semana pasada, la oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para sesionar y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023.

La oposición alcanzó 121 diputados, ocho menos de los necesarios. Las ausencias también provocaron diferencias internas en Provincias Unidas, donde parte de sus integrantes decidió no bajar al recinto.

En ese contexto, el oficialismo busca acelerar una iniciativa reclamada por varios gobernadores. Sus impulsores aspiran a obtener dictamen la próxima semana, completar el tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.

Mientras Diputados se prepara para retomar la discusión sobre biocombustibles, el Senado enfrenta un pedido de la Iglesia para avanzar con la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores para reclamar el tratamiento de un proyecto que recibió media sanción de Diputados en noviembre de 2024.

El organismo advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario en noviembre y alertó sobre la facilidad con la que los menores acceden a plataformas de apuestas desde sus teléfonos celulares.

"Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción", sostuvo la comisión episcopal, que reclamó una respuesta institucional.

La propuesta fue aprobada por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, pero permanece pendiente de tratamiento en la Cámara alta.

La Iglesia recordó que viene advirtiendo sobre los riesgos del juego digital desde 2024, cuando lanzó la campaña "Apostar no es un juego". También señaló que las consecuencias del juego compulsivo afectan a las familias y las instituciones educativas.

"'No hacer nada' también es una decisión", concluyó el organismo.