Dictan preventiva y embargo millonario por el secuestro de 470 kilos de cocaína
Se esperan los resultados de las pericias telefónicas clave con las que la Justicia Federal busca identificar al proveedor y dueño del cargamento de droga valuado en U$S 2,3 millones.
La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los seis detenidos por el escandaloso secuestro de 470 kilos de cocaína. Todos los implicados fueron procesados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, el magistrado ordenó un histórico embargo de $5.000 millones sobre los bienes de los imputados.
El caso explotó hace un mes cuando personal de Gendarmería Nacional, durante un control de rutina, detuvo una camioneta Toyota Hilux que ocultaba el millonario cargamento. En la resolución del procesamiento, el juez federal José Manuel Díaz Vélez desglosó detalladamente el rol y la responsabilidad penal que le atribuye a cada uno de los acusados en la organización:
El dictado de las prisiones preventivas cierra el primer anillo de la investigación y abre paso a buscar a los "peces gordos". El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ya ordenó pericias tecnológicas sobre los teléfonos celulares secuestrados. El objetivo central es determinar quién es el proveedor de la cocaína, cómo ingresó a la región y cuál era el destino final del cargamento.
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El análisis patrimonial de los acusados será el próximo gran foco. El principal apuntado es Abraham Pérez, un hombre que en poco tiempo pasó a controlar un local gastronómico, un boliche y una empresa de transporte en Famaillá.
La sospecha de una estructura organizada se reforzó durante los últimos allanamientos: en un galpón de camiones perteneciente al presunto líder, los gendarmes descubrieron que alguien se había llevado estratégicamente el disco rígido que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad, una maniobra clara para entorpecer el avance de la justicia.
