Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: qué se dice a favor y qué en contra

Múltiples voces se expresaron sobre la desafectación del dominio público de una calle proyectada para poder avanzar con el desarrollo de un barrio privado en El Manantial. El oficialismo resaltó que, como contraprestación, la firma Citrusvil regularizará la situación dominial de unas 80 familias sin que el Estado ponga dinero. Opositores, urbanistas y vecinos, sin embargo, se oponen ya que sostienen que no existe una planificación metropolitana y que cerrar la vía generará complicaciones presentes y futuras. Además, advirtieron que las familias que se encuentran en situaciones irregulares tienen un marco legal favorable para estos casos.

En total son dos calles que se buscan desafectar: una en la comuna de San Pablo y otra en El Manantial. Por la primera se dijo que la empresa regularizaría a las familias que viven el Ohuanta, y por la segunda, a otros grupos del barrio San Roque, aunque ninguna de estas precisiones está en los proyectos aprobados. Sí se indica que las desafectaciones tienen la "finalidad exclusiva de implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona".

El legislador Mario Leito, impulsor de las iniciativas, dijo que el Estado debe atender la problemática social. Dijo que el espacio a desafectar no califica como una calle en desuso sino como "un zanjón", aunque con herramientas satelitales se observa que hubo un camino hasta hace pocos años. El gobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, calificó la determinación como "una gran decisión" y adelantó su intención de promulgar las normas.

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La oposición, en las voces de Manuel Courel, Eduardo Verón Guerra, Alfredo Toscano y Claudio Viña, entre otros, objetaron que se haya actuado sin visión metropolitana ya que -dijeron- es un camino que será clave a futuro, entre las rutas 339 y 301. Mencionaron también que las familias del barrio San Roque llevan décadas en el lugar y que no podrían ser desalojadas. A su vez, indicaron que en Ohuanta cuentan con protección legal a través de la Ley Nacional 27.453 y que el sector está incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares, lo que garantiza herramientas para la regularización dominial y suspende medidas de desalojo.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior plasmó cuestionamientos a las iniciativas aprobadas inicialmente, entre ellas que era "insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle". Mientras que urbanistas como Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel consideraron que se tomó una decisión regresiva y que favorece intereses privados sobre el bienestar colectivo. Aconsejaron que no se promulguen las normas.