Denuncian una firma falsificada en un trámite de defunción y la Justicia abrió una causa

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 1 del Centro Judicial Capital, encabezada por Diego López Ávila, inició una investigación contra un empleado de una empresa de servicios fúnebres por la presunta falsificación o adulteración de documentos utilizados para tramitar una inscripción de defunción en Tafí Viejo.

La causa se originó tras la denuncia presentada por la hija del fallecido, quien aseguró que la firma consignada en una autorización presentada ante el Registro Civil no le pertenecía y que jamás firmó documentación alguna para autorizar el trámite.

Según la presentación judicial, luego del fallecimiento de su padre en una clínica privada, personal de la empresa retiró el DNI del hombre con el compromiso de gestionar la inscripción correspondiente. La denunciante afirmó: "En ningún momento de aquella noche -ni en momento alguno posterior- se me presentó formulario, declaración jurada, autorización ni instrumento alguno para suscribir".

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De acuerdo con el decreto de apertura de la investigación, entre el 25 y el 27 de enero de 2025 el acusado habría confeccionado o participado en la elaboración de un documento privado presuntamente falso, en el que además se omitieron datos esenciales del fallecido, como su estado civil y la filiación de sus padres.

Siempre según la investigación, ese formulario fue presentado posteriormente ante el Registro Civil para gestionar la inscripción de la defunción, trámite que quedó asentado con datos incompletos e incluso con el año "2024", lo que obligó a iniciar un proceso administrativo de rectificación que se extendió hasta fines de mayo de 2025.

La denunciante sostuvo que descubrió la presunta maniobra cuando revisó la documentación en el Registro Civil. "Advertí de inmediato que mi firma y mis datos personales habían sido falsificados", expresó.

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La acusación también señala que las irregularidades provocaron un perjuicio patrimonial para la familia. Al figurar el estado civil del fallecido como desconocido, su esposa no pudo acceder durante cuatro meses a la pensión derivada, situación que, según la denuncia, agravó su estado de salud y motivó una internación.

Además de investigar la responsabilidad del empleado imputado, la querella solicitó que se analice la eventual participación de otros responsables de la empresa para determinar si este tipo de maniobras podría responder a una práctica destinada a agilizar trámites registrales.

Por lo pronto, la Fiscalía notificó al acusado sobre la apertura de la causa y le otorgó un plazo de cinco días para que, si lo considera pertinente, proponga una salida alternativa al proceso penal.