Cuál será el desafío de las escuelas y de las familias ante el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir el sábado en todo el país y modificó uno de los principales límites del sistema anterior. Ahora los adolescentes de 14 y 15 años, que hasta ese día no podían ser sometidos a un proceso penal por los delitos que cometieran, pasan a quedar comprendidos dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil y pueden ser investigados por cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal.

Este cambio no se limita a la intervención de la Justicia. Si bien la nueva normativa contempla distintas respuestas según la gravedad del delito -desde reglas de conducta y tareas comunitarias, hasta medidas restrictivas de la libertad y el alojamiento en establecimientos especializados en los casos más graves-, también establece que los adolescentes deben continuar con sus estudios.

En este nuevo escenario, las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes tendrán un papel central. Para Marcelo Rubinstein, abogado especialista en Derecho Penal y docente de la Facultad de Derecho de la UNT, la entrada en vigencia del régimen obliga a redefinir la manera en que escuelas, familias y alumnos deben actuar frente a los conflictos. Para el profesional, el objetivo no debería ser llevar cada situación al ámbito penal, sino establecer criterios claros para prevenir, contener y determinar cuándo corresponde recurrir a la Justicia.

También te puede interesar: Conflicto universitario: docentes y nodocentes paran este martes y preparan una nueva Marcha Federal

Rubinstein advirtió que la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal modifica sustancialmente el escenario dentro de las escuelas. Hasta ahora, buena parte de los conflictos que involucraban a alumnos de esas edades eran abordados por los establecimientos, sus equipos psicosociales y el Ministerio de Educación. Desde el pasado sábado, algunas de esas mismas conductas pueden tener una consecuencia penal.

"Incluir a los chicos de 14 y 15 años significa que la mayoría de los cursos del secundario en el que pudiera haber algún problema puede haber intervención del sistema penal. Y ahí es donde está el conflicto", explicó en diálogo con LA GACETA.

El abogado consideró que el Ministerio de Educación será el encargado de establecer criterios precisos para diferenciar las situaciones de baja, mediana y alta gravedad y determinar qué respuesta corresponde en cada caso. "Hasta el viernes, si un chico de 14 o 15 años le sustraía a un compañero algún elemento o si encerraban en el baño a un compañero se lo trabajaba puertas adentro, pero a partir del lunes ya califica como hurto simple o como privación ilegítima de la libertad", ejemplificó.

También te puede interesar: FNE 2026: el Registro Civil acerca sus servicios a Ciudad Cultural

Para Rubinstein, los establecimientos deben saber cuándo intervenir internamente y cuándo comunicar un hecho a las autoridades. "Los directivos y los docentes tienen que tener en claro qué cosas prevenir, qué cosas intentar armonizar a través del diálogo y qué cosas van a tener que poner obligatoriamente en conocimiento de las autoridades", señaló.

Entre las recomendaciones se encuentran activar la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas, priorizar la seguridad de los estudiantes, documentar objetivamente lo ocurrido, avisar a las familias y, cuando corresponda, a las autoridades competentes. También deberán garantizar la continuidad educativa y preservar la confidencialidad de los adolescentes.

Para los docentes, Rubinstein plantea una regla concreta: proteger, contener y comunicar. Frente a un hecho grave, deberán separar a los involucrados, solicitar asistencia médica si fuera necesario, registrar hora, lugar y circunstancias, informar a los directivos y evitar rumores, exposiciones o escraches. "Creo que todo eso es tarea del Ministerio de Educación. El organismo tiene que construir de manera urgente una guía y un protocolo a tener en cuenta", afirmó.

También te puede interesar: Iara Crespo es la nueva Embajadora Departamental de Ledesma

La familia también tendrá una responsabilidad central frente al nuevo escenario. Para Rubinstein, la educación que reciben los adolescentes no puede quedar exclusivamente en manos de las instituciones escolares. "Muchos padres delegan en el colegio la educación, pero la educación de los colegios es algo formal. El cómo deben comportarse, los valores, qué está bien y qué está mal no lo tiene que enseñar el docente en el aula, lo tienen que inculcar las madres y los padres", sostuvo.

El abogado puso como ejemplo las respuestas que algunas familias transmiten frente a una agresión. "Muchas veces escucho a los padres que les enseñan a sus hijos que si son agredidos tienen que devolver la agresión en lugar de avisarle al docente. Pero frente a una agresión hay que poner la situación en conocimiento de las autoridades y no devolverla", remarcó.

El mismo criterio debe aplicarse frente a conductas de índole sexual. "A veces hay 'bromas' y tocamientos entre alumnos. Hay que enseñarles hasta dónde es una picardía y dónde es una agresión para que respeten los límites de sus compañeros. Tienen que entender que en esos casos ya no va a quedar suscrito únicamente en la dirección o el gabinete escolar, sino que puede terminar en la Justicia", indicó.

El nuevo régimen también requiere una explicación clara y directa a los adolescentes. "Para mí tiene que haber un claro mensaje dirigido a los alumnos en el que se les explique en qué casos lo que ellos consideraban bromas ya no lo son, porque a partir de ahora las consecuencias son distintas", afirmó.

El objetivo no debería ser generar temor, sino conocimiento sobre los límites de las conductas y las consecuencias que pueden producir. Golpear o lesionar a un compañero, amenazarlo, robarle un celular, romper intencionalmente un objeto o extorsionarlo pueden derivar en una intervención penal. También existe una responsabilidad frente a lo que ocurre en redes sociales. Los alumnos deben evitar grabar y difundir peleas, humillaciones o situaciones de violencia en grupos y plataformas digitales.

A la vez, el mensaje debe alcanzar a quienes son víctimas o testigos de un conflicto. La recomendación es pedir ayuda a un adulto de la institución y comunicar lo ocurrido antes de que la situación escale.