Cristina Kirchner: investigan a la sindicalista que compró el piso de abajo
El juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de María Soledad Calle, y ya solicitó informes a varios organismos para determinar el origen de los fondos y la trama societaria detrás de la operación.

El expediente que rodea la adquisición del inmueble en San José 1111, justo por debajo del piso de Cristina Fernández de Kirchner, sumó un nuevo capítulo con una decisión clave del magistrado a cargo de la causa. Julián Ercolini dispuso el levantamiento del sigilo financiero y tributario de la sindicalista María Soledad Calle, y extendió la pesquisa a su círculo societario y gremial.
Para reconstruir el rompecabezas patrimonial, el juez giró oficios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano. El objetivo es rastrear vínculos laborales, flujos de dinero y bienes de Calle, del dirigente metalúrgico Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de la firma USEM SA y de otros integrantes de esa estructura empresarial.
En concreto, Ercolini reclamó a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán correspondientes al período 2022-2025, que coincide con el nacimiento y la actividad de USEM SA. Esta empresa mantenía un contrato de locación de servicios con la UOM, percibiendo una comisión mensual del 0,5% por la administración de fondos.
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Paralelamente, la ANSES deberá aportar datos sobre empleadores, fechas de altas y bajas, y remuneraciones declaradas de los involucrados. Además, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano) fue intimada a remitir los balances presentados por la UOM en los últimos cinco ejercicios.
El vínculo entre el sindicato y USEM no es casual. La UOM tenía un fideicomiso con el Banco Nación que expiró en 2022. Para renovarlo, la entidad bancaria exigió que el gremio designara una empresa que distribuyera los recursos entre sus 54 seccionales en todo el país. Así, dos meses antes de la firma del nuevo convenio, nació USEM, una sociedad que luego selló un contrato por diez años (desde marzo de 2023 hasta febrero de 2033) con la cúpula sindical. Por la UOM rubricaron Abel Furlán, Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato y José Luis Ortiz; por USEM, su presidente Adalberto Braconi.
Lo que hoy investiga la Justicia es si esa firma vinculada a Calle manejaba alrededor de 350 millones de pesos mensuales en comisiones. Las rendiciones de cuentas también permiten rastrear el destino de parte de los fondos administrados y los conceptos declarados como egresos, en una trama que combina negocios, política y poder gremial.
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