Crimen del policía federal tucumano: imputaron al líder del clan narco mientras crecen las dudas en el barrio
Tras la captura del presunto jefe de la banda y su hijo de 17 años, ya son cinco los acusados por el homicidio en Villa Banana. Vecinos abren interrogantes sobre el verdadero rol de los oficiales civiles.
La investigación judicial por el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio en los pasillos de Villa Banana, sumó un capítulo medular que devela el entramado de las organizaciones criminales de la zona oeste de Rosario. En las últimas horas, la Justicia dictó la imputación penal de Eduardo "Edu" Muñoz (37), sindicado como el actual líder del clan Muñoz, y de su hijo de 17 años. Ambos fueron señalados como piezas clave de la emboscada que terminó con la vida del agente tucumano de 30 años y dejó herido a otro efectivo.
Tras la formulación de cargos liderada por el fiscal federal Matías Scilabra, el juez dictó la prisión preventiva efectiva para el mayor de los Muñoz —quien fue capturado por la Policía Federal en una vivienda de calle Centeno al 500, en barrio Tablada, donde se mantenía prófugo—, mientras que el menor de edad recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Con este avance, ya son cinco los imputados en la causa, cuatro de ellos miembros directos de la misma línea familiar ligada históricamente al narcomenudeo.
De acuerdo con la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, Eduardo Muñoz heredó la jefatura de la gavilla barrial dedicada al comercio de estupefacientes tras la detención de los cabecillas históricos de la zona: Dalmacio "Sapo" Saravia (actualmente cumpliendo condena por narcotráfico) y su hijo Leandro "Leo Rey" Saravia.
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La organización criminal opera de manera endogámica en los sectores más vulnerables de Villa Banana, combinando lazos familiares y alianzas territoriales. El árbol delictivo de la banda se desglosa bajo la mira de la Justicia de la siguiente manera:
En paralelo al vertiginoso avance judicial, las calles de Villa Banana abren profundos interrogantes que contradicen o matizan las versiones iniciales de la fuerza. El parte oficial del Plan Bandera, coordinado por la jefa del servicio Macarena Ortiz, sostiene que Manfredi y sus dos compañeros ingresaron a los pasillos a "realizar identificaciones de rutina". Sin embargo, desde el seno de la propia institución surgieron cuestionamientos internos: los agentes del programa nacional están designados estrictamente para patrullajes preventivos con uniforme y no para tareas de inteligencia de civil, tal como se encontraban esa noche.
Relevamientos vecinales realizados por La Capital coinciden en señalar un llamativo intercambio previo a los tiros. Testigos de identidad reservada aseguran que los tres policías federales ingresaron al pasillo preguntando explícitamente "por la de 3", haciendo referencia a las dosis de cocaína de bajo costo valuadas en tres mil pesos.
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"El problema es que acá en Banana todos saben que se vende la de dos mil; la de tres se comercializa en el sector de La Boca, más al sur. Ahí fue cuando los pibes se dieron cuenta de que algo raro pasaba y empezaron a silbar para alertarse", confió una fuente barrial.
El expediente recoge que un testigo escuchó a uno de los Muñoz advertirle a los agentes "que ahí no se vendía y que se fueran". Según el policía sobreviviente, al verse identificados como "cobanis", intentaron replegarse hacia la salida de calle Gutenberg y 27 de Febrero, momento en que se desató la balacera por la espalda. Manfredi recibió tres impactos en el tórax que le causaron la muerte.
El impacto comunitario del crimen transformó la fisonomía del barrio. Pocos días después del asesinato, la Justicia autorizó el derribo de tres viviendas precarias señaladas como puntos de venta. Sin embargo, referentes vecinales advierten sobre la efectividad de la medida: "Lo que tiraron abajo eran aguantaderos de consumo. Los verdaderos búnkeres de acopio del 'Sapo' siguen intactos y la venta fraccionada continúa en los ingresos a los pasillos".
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Asimismo, los habitantes denunciaron ante los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) la comisión de graves apremios ilegales y abuso de autoridad por parte de las fuerzas federales durante los operativos posteriores, calificándolos de verdaderas "razzias" motivadas por la estigmatización:
Hoy, Villa Banana se encuentra partida en dos: un sector urbanizado con dinamismo comercial y un corazón de pasillos donde la narcocriminalidad resiste. La caída del clan Muñoz abre ahora una enorme incógnita sobre el futuro del territorio. Entre los vecinos reina el temor fundado de que la vacancia del poder desate una nueva y sangrienta guerra vecinal si bandas antagónicas intentan copar el millonario negocio del narcomenudeo en la zona oeste.


