Créditos del Banco Nación: de la casa de Campero a los departamentos del gabinete libertario

El acceso a líneas de financiamiento hipotecario con fondos públicos volvió a encender las alarmas en el escenario político nacional y provincial. A través de la línea crediticia "+Hogares con BNA", el Banco de la Nación Argentina otorgó, entre enero de 2024 y marzo de 2026, más de mil préstamos a Personas Expuestas Políticamente (PEP). La nómina de beneficiados abarca a legisladores, asesores del riñón económico y comunicadores del oficialismo, quienes volcaron millones de pesos estatales en departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos en barrios cerrados y residencias de gran porte.

El caso adquiere una fuerte repercusión en Tucumán con la figura del diputado nacional por La Libertad Avanza, Mariano Campero. De acuerdo a los registros patrimoniales relevados por Perfil —a partir de una investigación iniciada por Letra P—, el exintendente utilizó el crédito de la banca pública para afianzar su arraigo local: el 16 de mayo de 2025 adquirió una propiedad de 992 metros cuadrados en Yerba Buena por $301.932.800.

La operación de Campero expone una particularidad del sistema financiero indexado. Si bien el desembolso neto inicial del Banco Nación fue de $275 millones, en la Central de Deudores del Banco Central el pasivo del legislador figura en $368.333.000. Esta disparidad contable responde a que los préstamos se liquidaron bajo la modalidad UVA, por lo que el saldo deudor se recalcula diariamente según el avance inflacionario, llevando su deuda reconocida a más de $322 millones.

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La otra legisladora que tomó financiamiento oficial fue la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien declaró un pasivo con el Banco Nación por $223.349.030. A diferencia de sus pares, no declaró nuevas compras inmobiliarias y sólo conserva su vivienda en Cipolletti y un terreno en Las Grutas (donde afronta un embargo judicial de 30.000 dólares en el complejo Tajamar), tras haber quedado fuera del Senado a fines de 2025 por su presunta vinculación con Fred Machado.

Entre los primeros casos que detonaron rispideces internas figuró Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano. Tras acceder a un crédito de $198.723.538 para comprar un inmueble de 93 m² valuado en $225 millones en territorio porteño, la ministra Sandra Pettovello lo apartó inicialmente por "falta de austeridad", aunque luego debió justificar la salida como una reestructuración ministerial al constatarse que el beneficio alcanzaba a múltiples áreas de gobierno.

Otro caso resonante involucra a Juan Carreira (conocido en redes sociales como "Juan Doe"), director de Comunicación Digital de Presidencia a cargo de la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial. El referente digital adquirió en diciembre de 2025 el 50% de un departamento de 44 m² en la Ciudad de Buenos Aires, tasado ante la Oficina Anticorrupción en $96.200.000, frente a un préstamo registrado del BNA por $170.332.299. Durante ese año, su patrimonio creció de $23 millones a $120 millones, marcando un alza patrimonial del 421,7% frente a una inflación anual del 31,5%.

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Por su parte, Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados bajo la órbita de su tío Martín Menem, recibió $357 millones del BNA con apenas 24 años y sin trayectoria laboral previa. Con esos fondos compró un piso de 60 m² en CABA por $339,5 millones, experimentando un salto patrimonial del 532% al pasar de $57,5 millones a más de $363,8 millones.

El equipo del Ministerio de Economía también aprovechó las condiciones crediticias de la entidad que preside Daniel Tillard:

Ante las repercusiones públicas, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, respaldó abiertamente a sus colaboradores argumentando que "no hay nada ilegal y mucho menos inmoral" en la toma de estos empréstitos hipotecarios.

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El reparto de partidas oficiales originó una denuncia penal impulsada por la diputada Mónica Frade por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias. Pese a que el juez federal Ariel Lijo inició medidas de prueba y solicitó auditorías a la Auditoría General de la Nación (AGN), la causa sufrió un giro procesal decisivo.

La Cámara Federal unificó los expedientes y desplazó a Lijo, delegando la instrucción en el juzgado de María Romina Capuchetti. Desde entonces, el expediente quedó bajo un riguroso secreto de sumario y el avance investigativo es prácticamente nulo: no se han formalizado imputaciones ni fijado audiencias indagatorias, mientras la causa permanece paralizada a la espera de los informes técnicos contables.

(Fuente: PERFIL)

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Para verificar la información de los 1.132 funcionarios que aparecen en la base Central de Deudores del BCRA, visitar: https://cuantodeben.visualizando.ar/