Condenaron a Julio De Vido y José López por el caso Skanska: cinco años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a cinco años de prisión a Julio De Vido y José López por el denominado caso Skanska, una causa que investigó el pago de sobornos y maniobras de corrupción vinculadas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La Justicia consideró probado que el exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas participaron de un esquema de cobro de coimas y administración fraudulenta durante el proceso de contratación de las obras.

La misma pena recibió Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos S.A. Además, los tres fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que había sido solicitada por el fiscal federal Abel Córdoba.

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La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. De Vido siguió la audiencia desde su domicilio en Zárate, donde cumple arresto domiciliario, mientras que López lo hizo desde la cárcel de Ezeiza.

El expediente Skanska fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo. La investigación comenzó por presuntas irregularidades en la ampliación de dos gasoductos en 2004, obras que habían sido adjudicadas a la empresa sueca.

Según la acusación judicial, la constructora habría utilizado un esquema de facturas falsas emitidas por más de 20 empresas fantasma para ocultar pagos ilegales destinados a funcionarios públicos.

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La maniobra salió a la luz a partir de una grabación en la que un exejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, reconocía el pago de coimas vinculadas con la obtención de contratos.

La causa alcanzó a directivos de la compañía y a exfuncionarios nacionales, y quedó instalada como el primer gran expediente de corrupción durante la administración kirchnerista.

Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que la empresa había acordado con competidores para elevar los costos de las ofertas y que esa maniobra contó con la intervención de funcionarios públicos.

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"La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento", había señalado el magistrado.

Además, Casanello afirmó que el esquema generó un perjuicio económico para el Estado, al considerar que los sobornos pagados por privados y recibidos por funcionarios representaron un beneficio ilegal y una extracción de fondos públicos sin respaldo legal.