Colapso y opacidad en Venezuela: morgues llenas tras los sismos y sospechas por la cifra de muertos

A una semana del trágico doble sismo que sacudió al país el día de San Juan, el gobierno de Delcy Rodríguez decretó duelo nacional por siete días en Venezuela. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos… Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron", manifestó la mandataria en una alocución oficial, en medio de fuertes cuestionamientos internacionales y civiles por el manejo de la información y el recuento de los daños.

La controversia en torno al verdadero impacto de la catástrofe escala hora tras hora. El último balance emitido por el Ejecutivo cifra provisoriamente los fallecidos en 2.295 personas, los heridos en 11.267 y los damnificados en una cantidad similar. Sin embargo, proyecciones internas de los propios organismos del Estado e instituciones de la sociedad civil sugieren que las pérdidas humanas reales ya habrían quebrado la barrera de las 10.000 víctimas fatales, un número que coincide con el volumen de cargamentos de asistencia humanitaria y bolsas para cadáveres gestionados de urgencia por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La realidad en las calles del estado La Guaira (principal epicentro del desastre) y la periferia de la capital expone el desbordamiento de los servicios de emergencia:

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El pánico colectivo ante la inestabilidad de los suelos ha generado la proliferación de campamentos informales en descampados y avenidas. En sectores vulnerables como El Morro de Petare, cientos de niños pernoctan a la intemperie en refugios improvisados debido al severo daño estructural que presentan sus hogares y al temor fundado de nuevos derrumbes por las constantes réplicas.

A pesar de que el Ministerio de Alimentación e iniciativas civiles independientes coordinan ollas comunitarias y asistencia básica en las zonas afectadas, las condiciones climáticas y las lluvias intermitentes han agravado los cuadros de salud de los evacuados, quienes demandan de forma urgente abrigos y medicamentos.

El contexto de emergencia también dio lugar a incidentes de inseguridad que involucraron a efectivos de las fuerzas de seguridad. En las redes sociales se viralizó una denuncia que forzó a las autoridades judiciales a ordenar la detención y expulsión del agente Jonathan Burgos y otros tres policías judiciales, acusados de robar pertenencias y divisas en efectivo pertenecientes a las víctimas del sismo entre los escombros. "No toleraremos desvíos, actos de corrupción o conductas que vulneren el dolor de los afectados", señalaron desde el mando institucional.

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Finalmente, la catástrofe se desarrolla en un marco de alta tensión política internacional, coincidiendo con las trabas administrativas denunciadas por la oposición de María Corina Machado y el posicionamiento de delegaciones diplomáticas extranjeras en Caracas, como la de Estados Unidos, que a través de su jefe de misión John Barrett ratificó el compromiso de asistencia humanitaria directa en articulación con las autoridades operativas que gestionan la emergencia nacional en el terreno.