Cinco femicidios en Tucumán en 2026 y una alarma que se repite: "El papel no va a proteger a la mujer"

Resumen para apurados

La denuncia debería ser el comienzo de una red de protección. Sin embargo, en numerosos casos termina convirtiéndose en apenas un papel que no alcanza para impedir que el agresor vuelva a acercarse. Esa es una de las principales advertencias que surgen del relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que registró 169 femicidios en los primeros ocho meses de 2026, entre ellos cinco casos en Tucumán.

Los números trazan un escenario que, para Ada Rico, directora del Observatorio, lejos de mostrar una problemática controlada, evidencia que la violencia de género continúa y que las herramientas de prevención no están funcionando como deberían.

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"La violencia de género no se detiene y día a día continúa avanzando", sostuvo en diálogo con LA GACETA. Y agregó una definición que atraviesa buena parte de su análisis: "No son cifras, son vidas realmente, de mujeres y de compañeras trans que fueron agredidas y muchas asesinadas".

Del total registrado a nivel nacional, 144 corresponden a femicidios de mujeres y niñas, ocho a transfemicidios y 17 a femicidios vinculados de varones adultos y niños. La franja etaria más afectada fue la de mujeres de entre 31 y 50 años, con 68 víctimas, seguida por el grupo de 19 a 30 años, con 33 casos.

En cuanto al vínculo con el agresor, las parejas y exparejas aparecen como los principales femicidas: concentran alrededor del 60% de los casos. Los conocidos y vecinos aparecen a continuación, mientras que en 26 asesinatos no se registró un vínculo aparente.

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La mayoría de los crímenes ocurrió en ámbitos privados, principalmente en la vivienda de la víctima o en la casa que compartía con el agresor. Los ataques con arma blanca y armas de fuego fueron las modalidades más frecuentes, seguidos por las golpizas.

Buenos Aires encabeza el listado provincial con 49 femicidios, seguida por Santa Fe, con 24. Córdoba y Santiago del Estero registraron 10 casos cada una. Tucumán suma cinco femicidios en lo que va de 2026.

Pero detrás de cada asesinato hay también una familia atravesada por las consecuencias de la violencia. Según el informe, 203 hijas e hijos quedaron sin sus madres, de los cuales 116 son menores de edad.

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Uno de los datos que más preocupa al Observatorio es el antecedente de denuncias. 21 de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente a su agresor, mientras que también se registraron 53 mujeres víctimas de intentos de femicidio que habían denunciado situaciones de violencia con anterioridad.

El dato adquiere una dimensión todavía más grave cuando se observa que 10 de los femicidas contaban con medidas cautelares de prevención.

Para Rico, esto ayuda a explicar por qué muchas mujeres llegan a evitar la denuncia. "Son muy pocas las mujeres que se animan a denunciar", señaló. Y explicó que una de las razones es que "no creen que las van a proteger" y que tampoco confían en el Poder Judicial.

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"Cuando una mujer realiza una denuncia y cuando tiene dictada una medida cautelar, indudablemente está en peligro y, sin embargo, no las protegen", dijo.

La directora del Observatorio planteó que existe una diferencia fundamental entre disponer una medida judicial y garantizar efectivamente la seguridad de la víctima. "Después de la denuncia no termina todo, comienza", contó en LG Play, en referencia a la etapa posterior en la que deberían activarse los mecanismos de protección.

Entre las herramientas más utilizadas aparecen las restricciones de acercamiento y los botones antipánico. Sin embargo, Rico cuestionó su eficacia cuando la responsabilidad de evitar el contacto recae exclusivamente sobre la víctima. "Es un papel. El papel no la va a proteger", sostuvo.

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En ese sentido, reclamó una mayor utilización de tobilleras duales, que permitan monitorear al agresor y advertir cuando se aproxima a la víctima. "Ella tiene que activar el botón antipánico cuando él se acerca y muchísimas veces no tiene tiempo porque es así inmediato", explicó.

Para Rico, la lógica debería ser otra: si la Justicia determina que una mujer necesita una medida cautelar, esa decisión implica que existe un riesgo que debe ser acompañado por una protección efectiva. "Si está en peligro, protéjanla", reclamó.

El relevamiento también contabilizó 349 intentos de femicidio en el país durante el período analizado. Para Rico, esos casos permiten dimensionar una realidad que podría haber terminado en una cifra todavía mayor de mujeres asesinadas.

En muchos de esos episodios, explicó, también existían antecedentes de denuncias y situaciones de riesgo que no fueron suficientes para impedir que los agresores actuaran.

"El Poder Judicial tiene una deuda pendiente con la temática de violencia de género", afirmó.

La dirigente también apuntó contra la falta de políticas públicas y cuestionó el impacto que, según su análisis, tiene el cierre o debilitamiento de programas y espacios de asistencia. La Casa del Encuentro, organización desde la cual trabaja el Observatorio, recibe consultas y acompaña a mujeres en situación de violencia, aunque luego muchas deben ser derivadas a organismos estatales.

"Nos quedamos con las manos vacías y no sabemos qué decirle", lamentó Rico.

El femicidio no termina con el asesinato de la mujer. Para cientos de niños y niñas, comienza entonces otra etapa marcada por la pérdida de su madre, la ruptura de su entorno familiar y, en algunos casos, por la presencia del propio padre como responsable del crimen.

En este punto, Rico puso el foco en la Ley Brisa, que establece una reparación económica y una cobertura integral para hijos e hijas de víctimas de femicidio.

Según denunció, desde 2024 no se registran nuevas altas en el beneficio, pese a que las familias presentan la documentación correspondiente. "La ley existe, que las familias presentan toda la documentación, pero no hay altas", afirmó.

La referente remarcó que la norma no contempla solamente una ayuda económica. También establece una cobertura integral de salud, fundamental para niños y adolescentes que muchas veces fueron testigos de años de violencia o incluso presenciaron el ataque en el que asesinaron a su madre.

"Pensemos que la mamá fue asesinada y el asesino es el padre. ¿Cómo transitar este trauma sin realmente un acompañamiento?", planteó.

El informe también registró 26 casos en los que el femicida se suicidó después del asesinato. El fenómeno volvió a quedar expuesto recientemente en Tucumán, con el caso de un hombre que asesinó a su esposa y luego se quitó la vida.

Rico explicó que el Observatorio analiza estos episodios desde una perspectiva vinculada con el ejercicio del poder y el dominio sobre la mujer.

"El agresor toma a la mujer como un objeto de poder. Entonces, cuando la asesina, pierde el objeto de poder", explicó.

También señaló que este comportamiento aparece con frecuencia entre agresores que pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad. Según los datos del informe, siete femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

Santiago del Estero aparece entre las provincias que generan especial preocupación por el crecimiento de los femicidios y de los intentos de femicidio. Salta y Jujuy también aparecen dentro del mapa regional que concentra una parte importante de los casos.

Rico evitó atribuir el fenómeno a una única causa y señaló que será necesario esperar el cierre del año para realizar un análisis completo. Sin embargo, advirtió sobre el impacto de la falta de recursos y de la implementación desigual de las políticas de prevención.

En ese sentido, cuestionó el incumplimiento de distintas normas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género, entre ellas la Ley 26.485 y la Ley Micaela.

Sobre esta última, explicó que la capacitación de los operadores judiciales resulta clave para que puedan realizar una evaluación rápida y adecuada del nivel de riesgo de una víctima. "Primero se convirtió en una charla y después se dejó de efectuar", sostuvo.

Para Rico, el problema no es la ausencia de leyes, sino la distancia entre lo que esas normas establecen y lo que efectivamente ocurre cuando una mujer pide ayuda.

Por eso, frente a los 169 femicidios registrados en lo que va del año, los 349 intentos y los cinco asesinatos contabilizados en Tucumán, la directora del Observatorio insiste en una idea que excede cualquier estadística: cada número representa una vida que ya no está y una familia que quedó marcada por la violencia.

"Tenemos una problemática muy grave con la temática de género", afirmó. Y cerró con un pedido dirigido al Estado: "Detrás de cada número hay una vida. Son vidas que ya no están, son vidas que quedaron en total desamparo".