Cerimedo: la Justicia confirmó su traslado
La Justicia de Bolivia confirmó el traslado del consultor político Fernando Cerimedo a la cárcel de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión será revisada este viernes en una audiencia en la que la defensa del exconsultor del presidente Javier Milei intentará frenar el traslado. Sus abogados sostienen que Cerimedo puede ejercer plenamente su derecho a la defensa desde la prisión de Palmasola, donde permanece detenido.
El consultor cumple actualmente otra prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de femicidio, a raíz del ataque perpetrado por sicarios contra su expareja, Nadia Beller, el pasado 17 de agosto. Ambas investigaciones se tramitan en forma paralela.
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Cerimedo es asesor del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz y su situación judicial generó repercusiones también fuera de ese país. En las últimas horas se conoció que la Cámara de Diputados de Chile creó una comisión especial investigadora para determinar si se utilizaron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante procesos electorales y plebiscitarios desarrollados desde 2020.
Uno de los objetivos de la investigación será establecer si Cerimedo tuvo participación en la campaña por el rechazo al plebiscito constitucional de 2022, vinculada a sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente de Chile, José Antonio Kast.
El mandatario chileno negó cualquier vínculo con el consultor argentino y aseguró que su gobierno no mantiene relación laboral ni asesorías con él. "El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor", afirmó Kast durante una entrevista radial con un medio local.
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La comisión fue impulsada por el diputado José Montalva, del Partido por la Democracia (PPD).
La iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, por lo que superó el mínimo de 62 apoyos necesarios para su aprobación.
La investigación parlamentaria buscará determinar, entre otros puntos, si existieron operaciones coordinadas mediante cuentas automatizadas y estrategias de desinformación que pudieran haber incidido en procesos electorales y plebiscitarios de los últimos años.
